Las quejas se han concentrado especialmente en zonas como El Cable, La Bajadilla, Guadalmina o Lindavista, donde numerosos ciudadanos aseguran que los trabajos han deteriorado espacios tradicionalmente destinados al paseo y al baño. En redes sociales se han difundido imágenes que muestran acumulaciones de piedras, presencia de maquinaria pesada y cambios drásticos en el perfil de la costa.

A diferencia de lo que muchos pensaban inicialmente, estas obras no han sido promovidas por el Ayuntamiento, sino por el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas en Andalucía-Mediterráneo. Según fuentes oficiales, se trata de “obras de emergencia” destinadas a reparar los daños provocados por el tren de borrascas que afectó a la zona a principios de 2026.

Entre las actuaciones realizadas se incluyen movimientos de arena entre distintas playas del municipio. Destacan el traslado de sedimentos desde Cabopino hacia Las Cañas y Las Chapas, la extracción de arena en El Cable para regenerar La Fontanilla y nuevos trasvases en Guadalmina.

Sin embargo, el principal motivo de malestar entre vecinos y colectivos locales radica en la forma en la que se han ejecutado estos trabajos, llevados a cabo en un corto periodo de tiempo y sin una planificación percibida como adecuada por parte de los vecinos.

Uno de los casos más llamativos ha sido el de la playa de Lindavista, donde las críticas fueron especialmente intensas tras la intervención. En esa zona, el Ayuntamiento tuvo que actuar posteriormente para reperfilar el terreno, retirar piedras y adaptar el espacio para su uso habitual.

Muchos ciudadanos consideran que este tipo de intervenciones responden a una política de “parches”, basada en el traslado puntual de arena entre playas sin abordar soluciones estructurales que garanticen la estabilidad del litoral a largo plazo. Además, denuncian una falta de sensibilidad ambiental y paisajística, al entender que estas obras afectan negativamente a los ecosistemas costeros.

La situación ha reabierto el debate sobre la gestión estatal del litoral malagueño, mientras algunas de las playas más emblemáticas de Marbella como El cable continúan experimentando cambios visibles en muy poco tiempo, alimentando el malestar social.

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Marbella ha revalidado su liderazgo en Andalucía con la obtención de diez banderas azules en 2026 y se sitúa entre los diez municipios con más distinciones de España. En total, la ciudad ha obtenido ocho galardones de playas y dos de puertos. Este reconocimiento, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) y la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE),  evalúa criterios como la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, los servicios y la gestión ambiental y constituye uno de los principales indicadores internacionales de excelencia turística en zonas costeras.

Las playas reconocidas en esta edición han sido Cabopino; El Cable; El Faro; La Fontanilla; Nagüeles-Casablanca (que por primera vez se agrupan en una única playa); Los Monteros (Adelfas); San Pedro Alcántara (Guadalmina) y Venus-Bajadilla. En el ámbito de los recintos náuticos, han sido distinguidos el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella y el Puerto José Banús. El Ayuntamiento ha valorado estos resultados, destacando el trabajo coordinado de los servicios municipales, los equipos de salvamento y socorrismo, y los profesionales del sector turístico implicados en el mantenimiento de los estándares de calidad del litoral.

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Marbella vuelve a situarse, un año más, entre los municipios españoles con mayor número de Banderas Azules, consolidando su posición como referente en calidad, sostenibilidad y servicios en el litoral.

En la edición 2026 del programa Bandera Azul, España ha alcanzado un nuevo récord histórico con 794 galardones, 44 más que en 2025, reafirmando su liderazgo mundial en este distintivo de calidad. En este contexto de creciente exigencia y evolución de los criterios internacionales, Marbella mantiene una destacada presencia dentro del ranking nacional.

El municipio cuenta este año con 10 Banderas Azules, 8 en playas y 2 en puertos deportivos, lo que le permite seguir figurando entre los destinos costeros con mayor número de distinciones en España. Estos resultados se producen en una edición marcada por la actualización de los parámetros técnicos, especialmente en lo relativo a los puntos de muestreo de calidad del agua y la ordenación del litoral, lo que ha llevado a integrar determinados tramos de playa bajo una gestión unificada, en línea con los criterios establecidos por el jurado internacional.

Esta evolución del sistema Bandera Azul, cada vez más exigente y alineado con normativas europeas, obliga a los municipios a adaptar sus modelos de gestión y optimizar sus recursos. En este sentido, Marbella ha sabido responder con eficacia, manteniendo altos estándares de calidad en sus playas y servicios y reforzando su compromiso con un turismo sostenible.

Estos resultados adquieren un valor añadido en un contexto en el que los municipios costeros asumen en gran medida el mantenimiento diario del litoral, dentro de una competencia compartida en la que el Estado ostenta la responsabilidad sobre la conservación estructural de las playas. En el caso de Marbella, el pago anual del canon por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre no se traduce en inversiones proporcionales en actuaciones clave como la regeneración de arena o la ejecución de infraestructuras de defensa del litoral.

Cada vez son más las voces que reclaman una mayor implicación del Gobierno central en la conservación del litoral, tanto desde el punto de vista económico como en la ejecución de infraestructuras estratégicas que permitan frenar la regresión de las playas y garantizar su estabilidad a largo plazo.

A pesar de estas circunstancias, Marbella continúa demostrando su capacidad de gestión y su compromiso con la excelencia, manteniéndose como uno de los destinos turísticos más destacados del país. Estos resultados son fruto del trabajo coordinado de los servicios municipales, el sector turístico y la ciudadanía, que contribuyen diariamente a ofrecer un litoral de máxima calidad.

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El proyecto de los espigones en San Pedro de Alcántara ha seguido la misma evolución que el de Marbella: retrasos prolongados y un fuerte incremento del presupuesto.

Según la información oficial de Costas, el coste actualizado asciende ya a 16.961.736,33 euros, frente a una estimación inicial inferior a los 7 millones de euros.

Esto supone un encarecimiento de cerca de 10 millones de euros, con un incremento superior al 140%.

El Estado mantiene la competencia

Al igual que en el caso de Marbella, la responsabilidad de ejecutar estas infraestructuras corresponde al Gobierno de España, incluyendo tanto los espigones como las actuaciones de regeneración de playas.

Pese a ello, el Ayuntamiento continúa abonando anualmente más de 2,7 millones de euros en concepto de canon por ocupación del dominio público marítimo-terrestre, sin que estas cantidades se traduzcan en inversiones directas en el municipio.

Más condiciones, más retrasos

El documento de Costas introduce además nuevas condiciones que condicionan la ejecución del proyecto, como la retirada previa del saneamiento en la playa o la eliminación de determinadas ocupaciones.

Estas exigencias, unidas al incremento de los costes de materiales y combustible, siguen retrasando la actuación y encareciendo progresivamente el proyecto.

Un coste que seguirá aumentando

Los casi 17 millones actuales corresponden al presupuesto base de licitación, por lo que el coste final podría ser aún mayor una vez se produzca la adjudicación y ejecución de las obras.

Mientras tanto, San Pedro de Alcántara continúa sin una solución estructural para sus playas, lo que se traduce en:

• Mayor vulnerabilidad ante temporales
• Dependencia de aportes de arena
• Pérdida progresiva del litoral
• Impacto en la actividad turística

Desde el ámbito municipal se insiste en que la falta de ejecución por parte del Gobierno de España ha provocado no solo un retraso en la solución, sino también un importante sobrecoste que acabará repercutiendo en el conjunto de la actuación.

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Tras recibir la contestación oficial de la Demarcación de Costas, queda acreditado que el Ejecutivo vuelve a retrasar y bloquear los proyectos de estabilización de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara, escudándose ahora en nuevos condicionantes como la retirada de la red de saneamiento.

Sin embargo, esta justificación se desmonta por completo al analizar actuaciones recientes realizadas por el propio Gobierno en municipios gobernados por el Partido Socialista.

El caso de Benalmádena: cuando sí interesaba, no había excusas. En julio de 2023, el Ayuntamiento de Benalmádena, entonces gobernado por el PSOE, ejecutó la construcción de un espigón entre las playas de Malapesquera y Santa Ana, financiado con fondos europeos Next Generation.

En ese proyecto:

* No se exigió la retirada previa del saneamiento como condición bloqueante

* No se paralizó la obra por motivos administrativos o ambientales

* No se dilató el proyecto durante años

* Se ejecutó con rapidez y sin obstáculos políticos

El propio Ayuntamiento destacaba que el objetivo era:

* Proteger el litoral frente a temporales

* Ampliar la superficie de playa

* Resolver problemas de erosión

Exactamente los mismos objetivos que se reclaman para Marbella.

Costas reconoce retrasos… pero señala a otrosEn su respuesta oficial, la Demarcación de Costas afirma que:

* No tiene competencia para licitar los proyectos

* Que estos dependen de la Dirección General de Costas

* Y que ahora es necesario retirar infraestructuras como el saneamiento

Sin embargo, esta nueva exigencia no ha impedido ejecutar

actuaciones similares en otros municipios, lo que evidencia

una clara falta de voluntad política cuando se trata de Marbella.

Una estrategia de bloqueo continuado. Desde la Asociación denunciamos que el Gobierno:

* Lleva años anunciando espigones en Marbella en cada periodo electoral

* Pero nunca ejecuta las obras

* Introduce nuevas condiciones cada vez que el proyecto avanza

* Y mantiene las playas de Marbella en una situación de erosión permanente

Mientras tanto:

* Marbella aporta millones en turismo y canon al Estado

* Sufre temporales que destrozan su litoral cada año

* Y recibe promesas en lugar de soluciones reales

Una exigencia clara: basta de excusas

La Asociación Espigones Emergidos de Marbella exige:

 La licitación inmediata de los proyectos de

estabilización

 La ejecución de los espigones en Marbella y San Pedro

Alcántara Un calendario real de actuaciones

 El fin del uso político de las infraestructuras costeras

“No es un problema técnico, es una decisión política”

Resulta evidente que:

* Cuando gobierna el PSOE en un municipio → las obras se hacen

* Cuando no → aparecen informes, condiciones y retrasos

La defensa de nuestras playas no puede depender del color político de un Ayuntamiento.

Conclusión

Marbella no puede seguir esperando.

Cada temporal que pasa sin actuaciones estructurales es:

* Más pérdida de arena

* Más daño económico

* Más deterioro ambiental

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Todos los municipios de la Costa han registrado incrementos en esta fracción, siendo Istán, Manilva y Mijas, en este orden, los que más lo han notado, han señalado desde la Mancomunidad Occidental en un comunicado.

Los datos del primer trimestre confirman la evolución positiva, sobre todo, de la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, que sigue siendo la mejor herramienta para avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y eficiente.

ENVASES LIGEROS 

Por otro lado, han detallado que la recogida selectiva de envases ligeros registró un nuevo aumento durante el primer trimestre de 2026. En total se recogieron 3.992 toneladas, frente a las 3.819 toneladas del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 5%.

Este crecimiento se repite en la mayor parte de los municipios de la Costa del Sol Occidental, consolidando la tendencia al alza del contenedor amarillo y el compromiso ciudadano con la separación correcta de los residuos.

PAPEL Y CARTÓN 

La fracción de papel-cartón continúa siendo la que presenta un mejor comportamiento. Durante los tres primeros meses de 2026 se recogieron 3.219 toneladas, lo que representa un aumento del 14% con respecto al primer trimestre de 2025, cuando se trataron 2.818 toneladas.

La mayoría de los municipios de la comarca registraron incrementos interanuales en este material, lo que confirma la mejora progresiva en la recogida del contenedor azul.

Por otro lado, en cuanto al vidrio, la recogida en el primer trimestre del año alcanzó las 3.093 toneladas, frente a las 3.284 toneladas del mismo periodo del año anterior, lo que supone un ligero descenso del 5,8%.

A pesar de esta bajada global, varios municipios mantienen incrementos significativos que compensan parcialmente la evolución irregular de esta fracción.

Estos datos siguen invitando al optimismo, pero también nos recuerdan que es fundamental perseverar en la concienciación ciudadana y en la correcta separación en origen para avanzar hacia la máxima circularidad de los residuos y cumplir los objetivos marcados por Europa.

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Según han explicado a través de un comunicado, los conductores reciben un mensaje de texto que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), enviado a través de una cuenta denominada DGTInfo. En esta comunicación aparece el texto ‘Peaje AP-7 no abonado’.

Esto va acompañado de la marca y el modelo del vehículo y su matrícula correspondiente y una cuantía de la cantidad del peaje supuestamente impagada. A continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas, bajo amenaza de una sanción de 200 euros, y se aporta un enlace abreviado para acceder a la plataforma de pago fraudulenta.

La compañía Ausol, que gestiona las dos concesiones de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro, advierte a sus clientes de que este mensaje es «completamente falso, y en ningún caso se debe acceder al enlace adjunto». Asimismo, Ausol recuerda que la Dirección General de Tráfico ya ha alertado a los ciudadanos de esta y otras modalidades de intento de fraude que están circulando y que suplantan la identidad de la DGT.

El organismo estatal advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto SMS ni correos electrónicos, sino que sólo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial (DEV).

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Marbella, 21 de abril 2026. El Gobierno vuelve a dar la espalda a la Costa del Sol. Estas actuaciones, enmarcadas en el Plan de Acción contra el Ruido y financiadas con fondos europeos con un presupuesto inicial de 13,1 millones de euros, llegan tras meses de retrasos, paralizaciones y un incremento notable de los costes que ha generado un profundo malestar entre la ciudadanía.

Tres meses de parálisis y una imagen de abandono

Durante cerca de tres meses, las obras han permanecido prácticamente paralizadas, dejando una imagen impropia en uno de los principales accesos a Marbella. Estructuras a medio instalar, acopios de materiales y zonas sin terminar han sido visibles durante semanas sin que se produjeran avances significativos.

A esta situación se suma el impacto visual negativo. Las pantallas acústicas ya instaladas se han convertido en un foco de grafitis, proyectando una imagen de degradación que choca frontalmente con el posicionamiento turístico de Marbella. Vecinos denuncian que “la entrada a la ciudad parece más un polígono abandonado que un destino de primer nivel”.

Sobrecostes y falta de planificación

El proyecto, que inicialmente contaba con una importante financiación europea, ha sufrido desviaciones económicas relevantes. Los retrasos acumulados, las modificaciones técnicas y la falta de continuidad en la ejecución han provocado un incremento del coste final, generando dudas sobre la gestión de los recursos públicos.

La necesidad de reactivar trabajos tras largos periodos de inactividad ha obligado a reorganizar fases completas de la obra, elevando aún más el gasto y evidenciando una planificación deficiente por parte del Gobierno central.

Cortes de tráfico en plena actividad

Entre los días 19 y 24 de abril, la salida 1043 de la A-7 en sentido Málaga —que conecta con la carretera de Ojén y da acceso a Marbella por la zona de Plaza de Toros— permanecerá totalmente cerrada entre las 22:00 y las 08:00 horas. Posteriormente, hasta las 10:00 horas, se mantendrá cerrado el carril derecho.

Como alternativa, los conductores deberán desviarse por la salida 1044 hacia el Trapiche, continuando por la avenida Arias de Velasco, calle Serenata y avenida Duque de Lerma, lo que incrementará notablemente la presión sobre el tráfico urbano.

Un modelo que se repite en la Costa del Sol

La situación no es exclusiva de Marbella. Este tipo de actuaciones promovidas por el Gobierno de España se están ejecutando también en Estepona, Benahavís y Torremolinos, donde se repite el mismo patrón: obras lentas, impacto visual negativo y molestias continuas para los ciudadanos.

Lejos de abordar problemas estructurales como la movilidad o la necesidad de infraestructuras clave, estas intervenciones están siendo percibidas como inversiones que no responden a las prioridades reales del territorio.

Marbella, de nuevo perjudicada

Desde distintos sectores sociales y económicos se insiste en que Marbella vuelve a verse afectada por decisiones del Gobierno central alejadas de la realidad local. Mientras la ciudad continúa reclamando mejoras estratégicas, lo que recibe son proyectos que generan tráfico, deterioro urbano y pérdida de imagen.

Una vez más, el Gobierno de España prioriza actuaciones cuestionadas frente a soluciones reales, dejando a Marbella soportando las consecuencias en su día a día.

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Marbella, 15 de abril de 2026.– La segunda fase de las obras de emergencia en el litoral malagueño ha vuelto a evidenciar el desequilibrio inversor del Gobierno de España en Marbella. Mientras el Ejecutivo central destina al municipio una cantidad que no alcanza los 100.000 euros, el Ayuntamiento ha tenido que asumir este año cerca de 700.000 euros con fondos propios para reparar los daños provocados por los últimos temporales.

Las actuaciones forman parte de un plan global de 1,3 millones de euros para toda la provincia de Málaga, una partida que además no distingue anualidades y que ya ha sido ejecutada en gran medida en otros municipios durante una primera fase.

En esta segunda intervención, el Gobierno actúa únicamente en tres playas del término municipal —de un total de 25— mediante trabajos de basculación de arena desde Cabopino hacia Las Chapas, desde la playa de El Cable hasta La Fontanilla y en el entorno de Guadalmina, en San Pedro de Alcántara. Unas obras que, además, implicarán cierres temporales en las zonas afectadas.

Preocupación municipal ante la falta de inversión

Desde el Ayuntamiento de Marbella se considera claramente insuficiente la actuación prevista por el Estado, especialmente teniendo en cuenta la extensión y el peso turístico del litoral marbellí.

El Consistorio recuerda que destina más de un millón de euros anuales a maquinaria para el mantenimiento de las playas, lo que evidencia —según subrayan— el compromiso local frente a la escasa implicación estatal.

Asimismo, ponen sobre la mesa el precedente de 2025, cuando la licitación provincial de regeneración de playas dejó en Marbella una inversión inferior a los 300.000 euros, una cifra que consideran muy alejada de las necesidades reales del municipio.

Marbella aporta 2,7 millones al Estado

Otro de los puntos que genera mayor malestar institucional es el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Marbella aporta al Estado cerca de 2,7 millones de euros anuales por este concepto.

Una cifra que, según el equipo de gobierno, refleja una clara desproporción entre lo que el municipio ingresa al Estado y lo que recibe en inversiones para su litoral.

El Ayuntamiento actuó en solitario tras los temporales

Tras los últimos episodios de temporales, fue el propio Ayuntamiento quien intervino de forma inmediata para reparar los daños, destinando cerca de 700.000 euros sin apoyo estatal.

Una actuación especialmente relevante si se tiene en cuenta que la gestión y protección del dominio público marítimo-terrestre es una competencia exclusiva del Estado.

Reclaman un plan estructural para la costa

El malestar no se limita al ámbito institucional. Vecinos y empresarios del sector turístico coinciden en la necesidad de un cambio de modelo.

Reclaman un plan plurianual de estabilización del litoral que incluya actuaciones estructurales como espigones y diques, evitando así la constante pérdida de arena tras cada temporal.

En esta línea, desde la Plataforma Espigones por Marbella insisten en que existen estudios técnicos elaborados por la Demarcación de Costas de Málaga, cuya ejecución sigue pendiente por falta de presupuesto.

Una asignatura pendiente en la Costa del Sol

La ausencia de infraestructuras definitivas continúa siendo el principal problema del litoral marbellí. Sin ellas, las administraciones seguirán destinando recursos a soluciones temporales que desaparecen con cada temporal.

La comparativa es contundente: mientras el Gobierno invierte en Marbella menos de 100.000 euros, el Ayuntamiento ha destinado este año cerca de 700.000 euros para garantizar el estado de las playas, pese a no ser una competencia municipal.

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Marbella, 1 de abril de 2026. Lejos de solucionarse, la situación ha provocado un efecto directo: el incremento del tráfico rodado hacia la provincia. Miles de visitantes han optado por desplazarse en vehículo ante la falta de alternativas ferroviarias eficientes, generando una presión añadida sobre unas carreteras que tampoco han sido reforzadas ni adaptadas a este aumento de la demanda.

A pesar de este escenario, la Costa del Sol sigue manteniendo su atractivo turístico. Incluso se está viendo beneficiada indirectamente por la situación internacional, con un trasvase de viajeros que han descartado destinos en Oriente Medio, como consecuencia de la inestabilidad en la zona del Golfo Pérsico, optando por enclaves seguros como Marbella y el conjunto del litoral malagueño.

Sin embargo, este incremento de visitantes contrasta con la falta de respuesta del Gobierno de España, que no ha sido capaz ni de garantizar una red ferroviaria operativa ni de adaptar las infraestructuras viarias a la realidad actual.

La situación pone de manifiesto, una vez más, la falta de planificación y la ausencia de inversiones estratégicas en una de las provincias más dinámicas del país. Ni el AVE ha sido restablecido en tiempo y forma, ni las carreteras han recibido las mejoras necesarias para absorber el aumento del tráfico.

Este contexto refuerza la sensación de abandono que existe en la Costa del Sol, y especialmente en Marbella, donde el peso del turismo exige infraestructuras a la altura de su relevancia económica.

La pregunta es evidente: ¿cómo es posible que un destino de primer nivel internacional tenga que afrontar uno de los momentos de mayor afluencia del año con unas infraestructuras claramente insuficientes?

La respuesta, para muchos, apunta directamente a la falta de prioridad que el Gobierno de España otorga a Málaga y a la Costa del Sol, pese a su peso estratégico dentro del turismo nacional.

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