Los ayuntamientos se rebelan ante un impuesto desde Madrid que eleva el coste del servicio un 30% en solo nueve meses y provoca protestas vecinales en todo el país
España vuelve a pagar los errores del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras impuesta por el Ejecutivo central, el servicio de recogida y tratamiento de residuos se ha encarecido de forma inédita en la historia reciente: un 30% más desde enero y casi un 15% solo en el último mes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El impacto ha sido inmediato y visible. En municipios como Cangas do Morrazo (Pontevedra), los vecinos han salido a la calle para protestar contra un recibo que ha pasado de 67 a 126 euros anuales, el doble en apenas unos meses. La indignación se ha extendido por toda España, desde Galicia a la Comunidad Valenciana, donde los ciudadanos denuncian que lo que antes era un pago simbólico ahora se ha convertido en un auténtico golpe a la economía doméstica.
“Nos pasaron la tasa hace una semana y me ha subido 100 euros”, lamenta Mari Carmen, vecina de Paterna (Valencia).
La subida no es fruto de una decisión municipal, sino de una obligación impuesta por el Gobierno bajo el argumento de cumplir directivas europeas. Sin embargo, numerosos ayuntamientos —de todos los signos políticos— han advertido que la aplicación del nuevo modelo se ha hecho sin planificación, sin compensaciones estatales y con un claro perjuicio para las familias y los pequeños negocios.
El resultado es una revuelta municipal silenciosa, con consistorios que preparan mociones y recursos para intentar frenar una medida que consideran “injusta, desproporcionada y antisocial”.
A la tasa de la basura se suma la subida del precio de la electricidad, que en lo que va de año ha crecido un 17%, y casi un 6% solo desde el apagón eléctrico del pasado verano. El nuevo “mix energético” impulsado por el Gobierno, basado en fuentes “más estables pero más caras”, ha incrementado los costes de hogares y comercios.
En la peluquería de María Ruiz, por ejemplo, el recibo de la luz se ha disparado: “Tuve que renegociar el contrato porque me había subido hasta un 20%. Es imposible sostener así un negocio pequeño”.
En la hostelería, la situación es idéntica. Txema Sola, propietario del bar Zuloa, denuncia que los precios de productos básicos como el café o el chocolate se han encarecido sin que puedan repercutirlo al cliente: “La gente va muy justa y no podemos subir precios”.
La combinación es explosiva: basura, luz y alimentos tiran de la inflación y devuelven el IPC al 3%, su nivel más alto en ocho meses. Según los últimos datos, el café cuesta un 20% más, los huevos un 18%, la carne de vacuno un 17% y el chocolate más de un 15%.
Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez sigue negando la evidencia y señalando a Bruselas para justificar una política que está asfixiando a familias, autónomos y ayuntamientos.
“Ha sido, literalmente, la basura la que ha encarecido España”, resumen desde una federación municipal que reclama la suspensión inmediata del gravamen y una compensación económica por parte del Estado.
El Ejecutivo prometió que “nadie pagaría más impuestos” y hoy los españoles pagan más incluso por tirar la basura. Lo que empezó como una tasa ecológica se ha convertido en una losa fiscal más del sanchismo, que vuelve a cargar el peso de su mala gestión sobre los ciudadanos y los municipios.
