El Partido Socialista de Marbella continúa sin pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que anule la directiva estatal que obliga a todos los ayuntamientos de España a repercutir en los ciudadanos el coste íntegro del servicio de recogida de residuos urbanos.
Una norma injusta que ha supuesto un golpe directo al bolsillo de los vecinos y que ha puesto contra las cuerdas a los municipios, que se ven forzados a aplicar una medida que ni comparten ni han decidido.
La obligación deriva de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, aprobada por el Ejecutivo socialista, que impide a los consistorios subvencionar o asumir parte del coste del servicio y les exige cobrar exactamente lo que gastan en limpieza y recogida de residuos.
El resultado es evidente: subida generalizada de tasas en toda España y malestar ciudadano ante lo que muchos consideran una nueva carga impuesta por Pedro Sánchez y aceptada sin protesta por el PSOE local.
Una imposición estatal que castiga a los municipios
La ley del Gobierno central obliga a todos los ayuntamientos a fijar una tasa de basura ajustada al “coste real del servicio”, bajo amenaza de sanción si no lo hacen.
En la práctica, esta norma ha dejado a los municipios “entre la espada y la pared”:
si no cumplen, pueden ser sancionados por el Estado; si lo hacen, son los vecinos quienes pagan la factura.
Mientras numerosos ayuntamientos de toda España —incluso de distintos signos políticos— han reclamado públicamente una moratoria o la derogación de esta norma, el PSOE de Marbella sigue sin mover un solo dedo para defender a sus propios vecinos frente a la medida impuesta por su partido.
“El socialismo local no solo calla, sino que se alinea con Pedro Sánchez en lugar de defender a los marbellíes”, denuncian numerosos ciudadanos en redes sociales, donde crecen las críticas hacia la pasividad del PSOE de Marbella.
Una norma que rompe la autonomía municipal
La normativa impulsada por el Gobierno central rompe la autonomía financiera de los ayuntamientos y les impide aplicar bonificaciones o políticas sociales de apoyo a las familias más vulnerables.
En Marbella, como en otros municipios, el Ayuntamiento se ha visto obligado a cumplir la ley, aunque no la comparta, aplicando una actualización mínima de tasas para no ser sancionado.
“El Gobierno de Pedro Sánchez impone, y los socialistas de Marbella consienten”, afirman vecinos indignados.
“Es incomprensible que quienes deberían defender a los ciudadanos frente a un abuso fiscal, sigan mirando hacia otro lado solo por disciplina de partido”.
Marbella, ejemplo de gestión pese a la presión del Estado
A pesar de las limitaciones impuestas por la ley socialista, el Ayuntamiento de Marbella ha trabajado para minimizar el impacto en los recibos, ajustando los importes al mínimo legal y garantizando un servicio de limpieza de calidad.
“Cumplimos la ley porque no hay alternativa, pero la ciudadanía debe saber que esta medida no parte de Marbella, sino de Madrid”, señalan fuentes municipales.
El PSOE de Marbella, rehén de las decisiones de Pedro Sánchez
Vecinos y colectivos sociales de la ciudad coinciden en que el PSOE marbellí actúa más como sucursal de Pedro Sánchez que como representante de los intereses locales.
“Ni una sola vez han pedido que se derogue esta norma injusta. Ni una sola palabra para defender a las familias de Marbella”, señalan varios comentarios en redes.
“Los socialistas pusieron a los ayuntamientos entre la espada y la pared, y ahora ni siquiera tienen la valentía de pedir una rectificación”.
La realidad es clara: mientras el Gobierno central del PSOE impone cargas, el Ayuntamiento de Marbella responde con responsabilidad y gestión, intentando proteger a sus vecinos.
El problema no está en Marbella, sino en Madrid, donde Pedro Sánchez y sus aliados siguen legislando de espaldas a los ciudadanos.
