El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a golpear directamente el bolsillo de los ciudadanos con una decisión impuesta desde Madrid y que ningún municipio había pedido. Málaga ya se ha visto obligada a iniciar la tramitación de la nueva tasa de basura, un tributo que llega por imperativo legal, diseñado y aprobado por el Gobierno socialista, y respaldado por los diputados del PSOE que representan a la provincia pese al evidente perjuicio que supone para sus propios vecinos.
España ha decidido aplicar la directiva europea en términos de máximos, demostrando una vez más que el Ejecutivo de Sánchez no tiene ningún inconveniente en cargar sobre las familias lo que él es incapaz de gestionar. Mientras Bruselas marca objetivos generales sobre reciclaje, costes y gestión de residuos, el PSOE ha ido mucho más lejos, imponiendo la obligatoriedad de que los ayuntamientos cobren íntegramente a los ciudadanos todos los costes de recogida y tratamiento. Es decir: subida encubierta de impuestos, avalada y diseñada por el Partido Socialista.
Los ayuntamientos, incluidos los gobernados por el propio PSOE, denuncian sentirse “a los pies de los caballos”. Temen el coste político, anticipan una oleada de recursos, una alta litigiosidad y diferencias injustificables entre municipios. Pero, sobre todo, lamentan que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya asumido ni un solo euro de la medida, trasladando toda la presión fiscal a los vecinos.
En Málaga capital, el golpe será especialmente duro. La media por vivienda será de 129 euros anuales, que con el 21% de IVA obligatorio impuesto por el Gobierno socialista asciende a 153 euros. Y la horquilla no deja lugar a dudas:
– El mínimo será de 80 euros (96 con IVA).
– El máximo alcanzará los 232 euros (248 con IVA).
Todo, sin una sola mejora real del servicio. Sin más personal. Sin más medios. Sin más inversión estatal. Solo más presión fiscal impuesta desde Madrid.
Las asociaciones vecinales empiezan a mostrar su indignación: no entienden por qué el PSOE les obliga a pagar más por lo mismo, por qué Málaga debe asumir un sistema más caro solo para que el Gobierno pueda presumir ante Bruselas de una supuesta “responsabilidad ambiental” que no se traduce en nada concreto para la ciudadanía.
La paradoja es evidente: Europa no exige esta forma de cobro, pero el Gobierno socialista ha preferido llevar la directiva al extremo, demostrando que no le preocupa en absoluto la capacidad económica de las familias ni la realidad de los municipios españoles.
En Málaga, esta imposición llega en un momento clave, con la ciudad centrada en proyectos de modernización, sostenibilidad y mejora de los servicios. Ahora, Sánchez y sus diputados fuerzan la introducción de un impuesto encubierto que rompe la autonomía municipal, altera los presupuestos locales y genera un profundo malestar entre sectores económicos y vecinos.
Mientras el Partido Socialista intenta vender la medida como un avance inevitable, la realidad es otra: es su decisión política, adoptada por voluntad del Gobierno central, diseñada en su despacho y aprobada sin escuchar a nadie. Y Málaga, como siempre que gobierna el PSOE, vuelve a ser una víctima colateral de las imposiciones de Madrid.
