La aplicación de la nueva tasa de basuras en toda España —una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada por los diputados socialistas— está generando un enorme malestar entre los vecinos. No es una decisión de los ayuntamientos, sino una obligación marcada por la Ley 7/2022 de residuos, impulsada por el Ejecutivo central, que fuerza a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar este nuevo pago a partir de 2025.
Lo que no cuentan desde el PSOE es que esta medida abre la puerta a que no solo los propietarios, sino también los inquilinos, tengan que asumir la cuota anual. La propia normativa estatal recomienda que “el productor del residuo”, es decir, quien vive en la vivienda, sea el que pague la nueva tasa. Esto significa directamente que las familias que viven de alquiler —muchas de ellas jóvenes o con menos recursos— sufrirán un nuevo golpe económico.
Una imposición del Gobierno, no de los ayuntamientos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a los ayuntamientos la responsabilidad de cobrar la tasa, pero sin asumir el coste político ni económico de la decisión. Los consistorios están obligados por ley a imponerla “para cubrir los costes reales de la gestión de residuos”, tal y como establece la legislación estatal aprobada por el PSOE.
Además, aquellos municipios que integraban la tasa dentro del IBI deberán ahora separarla obligatoriamente, creando un recibo independiente que hará aún más visible y doloroso para los ciudadanos el nuevo pago diseñado desde Madrid.
Los inquilinos: los grandes perjudicados
La Ley estatal indica que el “sujeto pasivo” es quien se beneficia del servicio de recogida de residuos, es decir, quien ocupa la vivienda. Esto convierte al inquilino en el principal afectado por la tasa, salvo que pacte lo contrario con el propietario.
Peor aún: si se incluye en el contrato que el inquilino debe pagarla, y este no lo hace, el casero puede iniciar incluso un proceso de desahucio, según permite la Ley de Arrendamientos Urbanos.
De nuevo, una decisión diseñada en un despacho del Gobierno sin medir las consecuencias reales sobre quienes más dificultades tienen.
Protestas en toda España
La entrada en vigor de esta tasa está provocando protestas vecinales en municipios de toda España:
• Cangas de Morrazo (Pontevedra)
• Alcorcón (Madrid)
• Y cada día más localidades que descubren que se trata de una obligación impuesta por Moncloa.
El Gobierno intenta trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos, pero el origen es inequívoco: la normativa de Pedro Sánchez y sus diputados, aprobada sin diálogo real con los ciudadanos ni con los municipios que ahora deben asumir el desgaste.
Un nuevo coste para las familias en plena crisis
Mientras la cesta de la compra sigue subiendo, la energía está disparada y los salarios no acompañan, el Gobierno socialista añade un impuesto más a la vida cotidiana de miles de familias. Un nuevo golpe al bolsillo que llega, además, con el riesgo de generar conflictos entre propietarios e inquilinos y complicar aún más el acceso a la vivienda
