Marbella vuelve a vivir otra tarde de colapso absoluto en sus accesos. A finales de noviembre, casi entrando en diciembre, las retenciones en la A-7 continúan siendo una rutina insoportable para miles de vecinos y trabajadores. Las colas ya no son un fenómeno estacional ni propio del verano: se han convertido en una realidad diaria que afecta gravemente a la calidad de vida en uno de los municipios más importantes de la Costa del Sol. Y todo ello ocurre mientras el Gobierno de España sigue sin mover un solo dedo para resolver una situación que es, a todas luces, insostenible.
El problema tiene nombres y apellidos: el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que mantiene bloqueado el desdoblamiento de la A-7 a su paso por Marbella y se niega a liberar la autopista AP-7, una medida que aliviaría inmediatamente la presión sobre la vía gratuita. Ni inversiones, ni plazos, ni compromisos reales. Solo silencio, retrasos y una inacción que los ciudadanos interpretan como un auténtico castigo a la Costa del Sol.
La A-7 es hoy una infraestructura completamente desfasada. Durante años, expertos, sectores económicos y el Ayuntamiento han exigido al Ministerio de Transportes una intervención urgente para duplicar carriles y mejorar accesos. Sin embargo, lejos de poner en marcha un plan de actuación, el Gobierno ha dejado que la situación se deteriore al punto de que incluso en pleno noviembre se registran colas kilométricas cada tarde. Profesionales que llegan tarde a sus empleos, familias atrapadas durante horas, trabajadores que pierden tiempo y productividad, y servicios esenciales —incluidas emergencias— ralentizados por un tráfico que ya no se puede asumir.
A esta parálisis se suma la decisión incomprensible de mantener la AP-7 como una autopista de pago, a pesar de que su liberación permitiría descongestionar de manera inmediata la A-7. Mientras en otras zonas de España el Gobierno ha optado por eliminar peajes, en la Costa del Sol se mantiene un agravio comparativo difícil de justificar. Para los vecinos, la sensación es clara: se les obliga a pagar si quieren evitar colas, mientras en otros territorios ese coste lo asume el Estado.
El resultado es una ciudad que vive en permanente retención. La falta de inversiones no solo afecta a la movilidad, sino también a la economía local: retrasos en suministros, menor competitividad comercial y frustración creciente entre empresarios y trabajadores. Además, el turismo, principal motor de Marbella, se ve perjudicado por la imagen de una ciudad colapsada donde desplazarse unos pocos kilómetros puede convertirse en un calvario.
La indignación ciudadana continúa en aumento porque el Gobierno central ni responde ni plantea soluciones. Mientras tanto, Marbella sigue atrapada en un atasco permanente que resta tiempo, calidad de vida y oportunidades. La Costa del Sol necesita inversiones reales, no excusas. Pero hoy, una vez más, las retenciones a finales de noviembre confirman lo que ya es evidente: el Estado sigue castigando a los vecinos y trabajadores de Marbella, abandonándolos frente a un problema que el Gobierno se niega a asumir.
