El Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado en Marbella lo que muchos vecinos y representantes locales ya califican como una auténtica “muralla de hierro”. Las nuevas pantallas instaladas en la AP-7 han llegado a la ciudad sin consenso, sin sensibilidad urbanística y sin la mínima consideración hacia la imagen de una de las ciudades más reconocidas de España. Estas estructuras, de aspecto industrial y completamente ajenas al paisaje del litoral, han irrumpido en el municipio como un elemento hostil que rompe la continuidad visual y degrada el entorno urbano.
En lugar de afrontar la histórica reivindicación de la Costa del Sol, como la liberación de la AP-7, el Gobierno ha impulsado una obra costosa que actúa como frontera física y estética entre la ciudad y su propio paisaje. La sensación mayoritaria entre los ciudadanos es que esta actuación se ha decidido desde Madrid sin escuchar al territorio, imponiendo una solución que nadie había solicitado y que contradice por completo la identidad luminosa y abierta de Marbella.
El Ayuntamiento y distintos colectivos sociales alertan de que esta intervención perjudica de manera directa la imagen turística del municipio. Marbella, que ha construido gran parte de su prestigio internacional sobre la calidad visual de sus espacios, ve ahora cómo varios tramos del litoral quedan encajonados detrás de una barrera metálica que proyecta oscuridad y transmite un mensaje de aislamiento. Su diseño, lejos de buscar integración, resulta una ruptura abrupta con la arquitectura y la estética propias de la Costa del Sol.
La controversia se agrava por el elevado coste económicomientras las prioridades reales del territorio siguen sin respuesta. La movilidad, la conexión entre municipios y la fluidez del tráfico continúan condicionadas por un modelo obsoleto, pero el Gobierno ha optado por invertir millones en una estructura que no da solución a los problemas más urgentes y a las reclamaciones históricas de la ciudad. La falta de diálogo previo con el Ayuntamiento de Marbella y el resto de administraciones locales refuerza la impresión de que esta actuación no es más que una decisión unilateral carente de visión estratégica.
Para los vecinos, esta “muralla de hierro” no solo marca un antes y un después en el paisaje urbano, sino que simboliza la falta de compromiso del Ejecutivo con las necesidades reales de la Costa del Sol. Marbella no pedía un muro: pedía soluciones. Y mientras la liberación de la AP-7 continúa bloqueada, la ciudad debe convivir ahora con una barrera que representa, más que una obra pública, una muestra palpable de desconexión política.
