Las cuentas diseñadas para 2023 continúan prorrogadas en 2026 mientras la ciudad carece de una nueva planificación estatal para sus grandes infraestructuras. La situación pone el foco sobre Isabel Pérez, diputada nacional, portavoz socialista y candidata a la Alcaldía, que exige inversiones a Ayuntamiento y Junta mientras el Gobierno de su partido no ha logrado aprobar unos nuevos PGE.
Marbella, 5 de octubre de 2026. Casi 33 meses sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. España continúa en 2026 funcionando con las cuentas aprobadas para 2023 y Marbella sigue sin poder consultar unos nuevos PGE que permitan conocer, negro sobre blanco, cuáles son las inversiones que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende destinar específicamente a la ciudad.
La situación ha dejado de ser una circunstancia puntual para convertirse en una anomalía política prolongada durante prácticamente toda la legislatura. Las cuentas actualmente vigentes son unos Presupuestos prorrogados que tienen su origen en los aprobados a finales de 2022 para el ejercicio 2023.
Mientras tanto, Marbella continúa acumulando importantes necesidades vinculadas directamente con competencias estatales, especialmente en materia de carreteras, movilidad y litoral.
La A-7 y sus accesos, la saturación de esta vía, las conexiones entre las distintas zonas del municipio, el futuro de la AP-7 y las actuaciones necesarias en las playas continúan formando parte de la larga relación de asuntos pendientes que Marbella mantiene con la Administración General del Estado.
La ausencia de nuevos Presupuestos no significa que el Gobierno no pueda invertir. La prórroga presupuestaria está contemplada constitucionalmente y existen mecanismos para modificar créditos y financiar actuaciones.
Pero la cuestión política es diferente: Marbella no dispone de unas nuevas cuentas estatales en las que pueda comprobar qué proyectos considera prioritarios el Gobierno, cuánto dinero reserva para cada uno y qué calendario establece para ejecutarlos.
Y así lleva casi 33 meses.
Isabel Pérez: muy exigente con Marbella y Andalucía
Esta situación adquiere una dimensión especialmente significativa en el caso de Isabel Pérez, que concentra actualmente tres importantes responsabilidades políticas: es diputada nacional del PSOE por Málaga, portavoz socialista y concejal en el Ayuntamiento de Marbella y candidata de su formación a la Alcaldía.
Precisamente los presupuestos han constituido uno de los principales argumentos utilizados por Pérez para fiscalizar a otras administraciones.
Cuando se presentaron las cuentas municipales de Marbella para 2026, la dirigente socialista las calificó de “tramposas, irresponsables e irreales” y criticó que repitieran inversiones de ejercicios anteriores.
Su nivel de exigencia se trasladó también a la Junta de Andalucía.
Pérez ha reprochado públicamente al Gobierno andaluz la ausencia de inversiones que considera necesarias para Marbella y San Pedro y ha cuestionado reiteradamente las partidas destinadas al municipio.
La pregunta resulta, por tanto, inevitable: ¿qué ocurre cuando el mismo criterio se aplica al Gobierno de España?
Una diputada de Marbella ante un Gobierno sin nuevos Presupuestos
Aquí aparece una de las principales contradicciones políticas que tendrá que afrontar Isabel Pérez en su camino hacia las próximas elecciones municipales.
Como concejal exige al Ayuntamiento inversiones concretas.
Como dirigente socialista reclama a la Junta de Andalucía partidas identificadas para Marbella.
Pero como diputada nacional forma parte del Grupo Parlamentario Socialista durante una legislatura en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Y esa circunstancia impide realizar precisamente el ejercicio que Pérez reclama a las administraciones gobernadas por el PP: abrir unas nuevas cuentas y comprobar cuánto dinero aparece específicamente destinado a Marbella.
No se trata de responsabilizar individualmente a una diputada de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que depende de las mayorías parlamentarias necesarias.
Sí resulta legítimo, sin embargo, examinar su actuación política desde su doble condición de representante de Marbella y diputada en Madrid.
Porque Pérez no ocupa únicamente un asiento en el Ayuntamiento. También representa a Málaga en el Congreso de los Diputados.
Y Marbella tiene problemas de competencia estatal que llevan años esperando soluciones.
A-7, AP-7 y litoral: Marbella continúa esperando
El ejemplo más evidente está en las carreteras.
La A-7 constituye una de las principales arterias de comunicación de Marbella y soporta diariamente una enorme presión circulatoria que aumenta considerablemente durante los periodos de mayor actividad turística.
Los problemas de accesos, enlaces y saturación son conocidos desde hace años.
A ello se suma la situación de la AP-7, que continúa siendo de peaje mientras el debate sobre las comunicaciones de la Costa del Sol sigue abierto.
En materia litoral también existen actuaciones históricamente reclamadas por Marbella, aunque durante los últimos años se han producido avances administrativos y actuaciones impulsadas por el Estado que deben igualmente reconocerse.
La crítica, por tanto, no consiste en afirmar que durante una prórroga presupuestaria el Gobierno haya dejado de gastar un solo euro en Marbella.
El problema es otro: no existen unas nuevas cuentas que permitan conocer la estrategia inversora global del Estado para la ciudad.
Tres ejercicios mirando unas cuentas confeccionadas en 2022
La cronología habla por sí sola.
Los Presupuestos actualmente utilizados tienen su origen en unas cuentas confeccionadas y aprobadas a finales de 2022 para el ejercicio 2023.
Pasó 2024.
Pasó 2025.
Y 2026 continúa funcionando con las cuentas prorrogadas.
La Constitución permite la prórroga automática cuando no se aprueban unos nuevos Presupuestos antes del comienzo del ejercicio.
Es perfectamente legal.
La cuestión es si resulta políticamente aceptable que una legislatura avance durante años sin que el Gobierno consiga aprobar su principal instrumento anual de planificación económica.
Y, sobre todo desde Marbella, la pregunta es qué consecuencias tiene esa situación para una ciudad que necesita inversiones estatales de enorme envergadura.
El mismo nivel de exigencia para todas las administraciones
Isabel Pérez tiene derecho a exigir inversiones a la Junta de Andalucía.
Tiene derecho a fiscalizar los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella.
Y puede cuestionar las prioridades de ambas administraciones.
Pero su condición de diputada nacional hace igualmente razonable que los ciudadanos examinen qué capacidad ha tenido para trasladar las necesidades de Marbella al Gobierno central y qué resultados concretos ha obtenido.
Especialmente porque la propia Pérez ha convertido la ausencia o insuficiencia de partidas presupuestarias en uno de sus argumentos habituales contra otras administraciones.
Si una inversión ausente de los Presupuestos andaluces merece una crítica contundente, resulta difícil ignorar políticamente que el Gobierno de España lleve casi 33 meses sin aprobar unos nuevos Presupuestos.
No hablamos de que Marbella aparezca mucho o poco en unas nuevas cuentas.
El problema es anterior.
Esas nuevas cuentas no existen.
Marbella necesita respuestas
La ciudad necesita conocer qué piensa hacer el Estado con la A-7.
Qué actuaciones contempla para mejorar sus accesos.
Qué política pretende desarrollar respecto a la AP-7.
Qué inversiones contempla para el litoral.
Qué proyectos estatales tendrán financiación.
Cuánto dinero tendrán.
Y cuándo está previsto ejecutarlos.
Unos nuevos Presupuestos Generales del Estado deberían ayudar a responder a buena parte de esas preguntas.
Después de casi 33 meses, Marbella sigue sin disponer de ellos.
Y esta circunstancia adquiere todavía mayor importancia ante las próximas elecciones municipales, porque Isabel Pérez tendrá que presentarse ante los ciudadanos no solo con el balance de su oposición en el Ayuntamiento, sino también con el de su actividad como diputada nacional.
Exigir cuentas a Marbella y a Andalucía forma parte de su responsabilidad como oposición. Su actividad y resultados como diputada por Málaga también forman parte de su trayectoria pública y pueden ser examinados por los ciudadanos.
Mientras tanto, el calendario continúa avanzando.
Marbella sigue acumulando necesidades estatales.
Y España continúa funcionando en 2026 con unas cuentas diseñadas para 2023.
