“Los datos de la EPA son inapelables, Andalucía está a la cabeza en precariedad y en temporalidad, el 97% de los contratos firmados en la provincia de Málaga son parciales, muchos de ellos con una duración menor a un mes”, con estas palabras la diputada nacional por Málaga y candidata número dos de Unidas Podemos, Eva García Sempere, ha definido los resultados de la última Encuesta de Población Activa (EPA) en una rueda de prensa convocado esta mañana en Marbella.
“Esto para las familias trabajadoras andaluzas se traduce en no saber qué va a pasar el mes que viene si van a tener o no un contrato, ya que estamos en 9 puntos por encima del estado en temporalidad”, ha incidido Sempere.
La candidata número dos de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados ha querido destacar cuatro datos contrapuestos, por un lado, que “4 de cada 10 andaluces vive en riesgo de exclusión social, 7 de cada 10 no llegan a final de mes y un millón no podría salir de una nueva crisis porque aún no se ha recuperado de la anterior”, y frente a esto “el número de superricos, es decir, aquellos que tienen más de 50 millones de euros que ha aumentado en un 74%, esta realidad es demoledora, la riqueza no ha salido nadando de este país, lo que ha hecho ha sido cambiar de bolsillos”.
“Esto tiene nombre y apellidos, se llama sabotaje social, producto de una política practicada durante cuarenta años que ha beneficiado a unos pocos y he dejado frente a la exclusión social a una mayoría de este país”, ha abundado Sempere.
“Estamos a las puerta de otra crisis, una crisis para la que no hay colchón, por eso desde Unidas Podemos queremos impulsar una serie de medidas que corrijan esta tendencia injusta, empezando por la derogación de la Reforma Laboral, para continuar con el blindaje de los servicios públicos, hacer aflorar las horas extra, de las que se han detectado 200.000 en el último año, conseguir acabar con la temporalidad o crear planes de empleo reales que superen la paupérrima inserción del 2% que arrojan las oficinas de empleo públicas”, ha apuntado la candidata.
“¿Cómo?”, se ha preguntado Sempere, “pues creando empleo desde lo público, impulsando una nueva reforma fiscal, aumentando el SMI a 1200 euros, limitando los contratos temporales y potenciando los indefinidos o recuperando el rescate bancario”.
EL CASO PARADÓJICO DE MARBELLA
El mapa de renta por ámbitos geográficos elaborado por el INE deja al descubierto una distorsión muy reveladora en Marbella, al reflejar que en las zonas del término municipal donde se emplazan las viviendas más caras y las urbanizaciones de lujo, la renta anual declarada por hogar oscila entre 24.000 y 28.000 euros anuales.
Así, la candidata al Congreso por Unidas Podemos, Victoria Morales, ha incidido en el caso de Marbella y subrayado que “algo chirría en nuestra ciudad cuando la renta declarada por los vecinos junto a la estación de autobuses es un 32% superior que la de los residentes en la milla de oro”.
Morales ha señalado que en Guadalmina Baja la renta declarada es de 24.824 euros, en Sierra Blanca, 26.211, en la zona norte de Nueva Andalucía, 24.261, en la Milla de Oro, 27.208 y en Los Monteros-Río Real, 28.305. Mientras, en barrios residenciales de trabajadores como Trapiche Norte, por encima de la Estación de Autobuses, se registra una renta media 12.760 superior que en la Milla de Oro, situada en 39.968 euros.
“Esta información deja claro, al margen de que algunos no se encuentren censados en Marbella, de que los propietarios de las villas más caras no declaran sus ingresos”, ha denunciado la candidata de Unidas Podemos.
“Desde Unidas Podemos reclamamos medidas para combatir el fraude fiscal y fortalecer las políticas sociales, que se firme un pacto de Estado contra el Fraude Fiscal ya que España encabeza la lista del fraude en Europa, muy distanciados de Alemania, Francia o Gran Bretaña, países a los que casi triplicamos. Según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el fraude y la evasión fiscal le cuestan a cada contribuyente español 2.000 euros anuales, que deben pagar en forma de impuestos para tapar el agujero que provocan los defraudadores a las arcas del Estado, cifrado en 300.000 millones de euros”, ha subrayado Morales.
