El delegado territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga, Fernando Fernández, ha mantenido esta mañana una reunión con empresarios de establecimientos de dominio público marítimo-terrestre, chiringuitos, junto con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, para informarles sobre la situación administrativa en la que estos establecimientos se encuentran. En esta línea, la Junta de Andalucía se ha comprometido a agilizar los trámites con el fin de que estos regularicen su situación y pasen a tener su título concesionario en lugar de la autorización con la que actualmente funcionan. “Queremos que los empresarios tengan la tranquilidad no solo de la autorización para este año sino para garantizar agilizar todo el procedimiento y garantizar que puedan tener una concesión lo antes posible”, señaló la regidora.
La regidora explicó que los 60 chiringuitos con los que cuenta la ciudad se encuentran “en unas circunstancias diversas”, veinticinco de ellos lograron obtener la concesión durante la anterior legislatura de los populares en Marbella, una línea que se espera profundizar, ya que una de las peticiones del Consistorio a la administración autonómica es “ampliar de quince a treinta años las concesiones”. Según apuntó Muñoz, quien informó, además, de que “trece de ellos se encuentran afectados por una resolución del Gobierno Central, de la Demarcación de Costas”. “El verano pasado conocimos que una petición del Ayuntamiento para acreditar que estos estaban en suelo municipal y que fuese el propio Consistorio el que pudiera sacarlos a licitación, Costas no lo vio y lo anuló”, lo que motivó que se recurriese al ámbito judicial, que admitió a trámite la pretensión municipal paralizando cualquier decisión del Gobierno Central y, permitiendo así que, “sigan teniendo el título de la misma manera”.
Por su parte, Fernández aseguró que “respecto a los chiringuitos que sí dependen de la Consejería estamos trabajando intensamente para que todos puedan tener su título concesional lo antes posible”. Un trabajo que comienza por “reducir las trabas burocráticas”, algo que ya se ha solicitado al Consejo de Gobierno con el fin de “disminuir plazos y evitar que los expedientes se eternicen”. El esta línea el responsable de la Junta ha informado de que también se ha solicitado un informe “para dotar también de más personal el área”, ya que según explicó Fernández, pese a que la Junta asumió las competencias en la materia no se recibió personal y además lo objetivo por el canon iba a parar a las arcas del Estado.
