“El PSOE ocultó un gran fraude social en Andalucía”, así lamentó el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, la última ‘sorpresa’ que ha encontrado el nuevo equipo de Gobierno andaluz en relación con las listas de espera de Dependencia, y es que, un informe realizado por la Consejería de Igualdad, ha puesto de relieve “que el gobierno socialista ocultó a 34.000 andaluces”. Unas cifras que se suman “al fraude en las listas de espera de la Sanidad, con pacientes invisibles”, en las que recientemente se conoció que los datos reales duplicaban a los ofrecidos por el gobierno socialista, alcanzándose las 843.538 personas están pendientes de una intervención o de una consulta de atención especializada hospitalaria.
Así, el nuevo ejecutivo se ha puesto a trabajar para aportar soluciones a estos problemas y al plan de choque anunciado en el ámbito sanitario, con una inversión de 25 millones de euros, se suma ahora otro para la Dependencia por valor de 77 millones de euros. “A la espera de ser atendidos por la ley, vamos a aplicar medidas correctoras para dar una solución”, explicó Bendodo.
El portavoz del Gobierno andaluz manifestó además su malestar por estas cifras “pese a que el anterior gobierno creó una agencia para encargarse de esta materia con una plantilla de 2.000 personas”. “Cuando detectamos un problema de esta envergadura nuestra primera obligación es denunciarlo, lo complicado es darle solución y nos vamos a aplicar en ello. Estamos comprometidos con dar solución”, apostilló el consejero.
PLAN DE CHOQUE
La titular de la consejería del área, Rocío Ruiz, explicó que el plan de choque tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Se prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario.
Con respecto a la digitalización en el ámbito de la dependencia y los servicios sociales, una de las medidas destacadas será la implantación de un Sistema de Información Integral de Gestión de la Dependencia que permita agilizar el procedimiento. Así, tanto las administraciones como las entidades prestadoras de servicios podrán acceder a la misma base de datos en tiempo real y colaborar entre sí.
En este sistema se podrá compartir la información y documentación digitalizada, facilitando su acceso a la ciudadanía mediante la ventanilla electrónica. Además, propiciará la interoperabilidad con cualquier sistema relacionado, como, por ejemplo, los de salud o empleo. Todo ello redundará en la disminución del tiempo de espera, al agilizarse el procedimiento administrativo.
Otro de los objetivos marcados será acelerar la incorporación al sistema de las personas que tienen reconocido el Grado I o dependencia moderada, que es el que menor cobertura tiene en la actualidad.
Como parte del plan de choque, se revisarán los criterios de gestión y los protocolos de actuación con objeto de mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario, y también con las corporaciones locales, encargadas de la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios.
Otra de las novedades será la aplicación de un sistema de evaluación continua, que permitirá el seguimiento de su funcionamiento, redefiniendo así competencias entre las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento; rediseñar los circuitos de intervención para que ganen en eficacia y se agilice la valoración y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), simplificar los trámites y la documentación solicitada y, por último, la posibilidad de unificar el procedimiento.
