El Gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado al Ayuntamiento de Marbella que devuelva los 12 millones de euros entregados a la ciudad por el tribunal de Malaya, una noticia que adelantaba diario Sur y que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha confirmado, informando de que “por parte de la Agencia Tributaria, con una rapidez inusual, en dos días, pidió al Ayuntamiento de Marbella que esos doce millones no se los quedara el ayuntamiento para equipamientos e infraestructuras sino que los depositara en la Agencia Tributaria”.
Una vez recibida la comunicación desde le equipo de Gobierno se consultó a la asesoría jurídica rechazando esta las expectativas del recién llegado Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministerio de Hacienda, dirigido por la andaluza María Jesús Montero, y en Junta de Gobierno se determinó que “desechábamos la pretensión que tenía la Agencia Tributaria”. El argumento esgrimido por el Consistorio es que la liquidación de lo que debe ingresarse en las cuentas del Estado se determina a final de año, y estando vigente los actuales presupuestos generales del Estado para ese momento -ley que recoge la posibilidad de que Marbella destine el dinero de las multas y responsabilidad civil a equipamiento e inversión- lo cobrado en 2018 la ciudad decidiría su futuro, a diferencia de lo que ocurrió en 2017, según explicó la regidora, quien también señaló que no ha habido recurso al alegato del Consistorio desde la Agencia Tributaria.
“Lo diga el PSOE, la Agencia Tributaria o la Junta de Andalucía, como tenemos la razón, que avala una ley, la de Presupuestos del Estado, entendemos que estamos capacitados para decidir el destino de los fondos aquí en Marbella, no tener que darle ni un sólo euro más de los 70 millones que hemos pagado”, apuntó la alcaldesa en referencia al cumplimiento hasta el momento de lo previsto en el acuerdo que en 2012 alcanzó con el Gobierno de la ciudad y que obligaba a destinar estos ingresos al pago de deuda.
Se trata de los doce millones de euros que la ciudad recibió el pasado 22 de junio de manos del presidente del Tribunal Malaya, el magistrado José Godino, en un acto en el que estuvo presente el administrador judicial de los bienes de Juan Antonio Roca, principal condenado en el proceso.
