Esta mañana, a partir de las 12:00 horas, en el Pleno del Congreso de los Diputados tendrá lugar el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Unos presupuestos que llevan aparejados un acuerdo que Marbella lleva esperando años y que permitirá que los bienes embargados por causas de corrupción en sentencias firmes puedan pasar a integrarse en el patrimonio municipal en lugar de ir destinados a engrosar la lista de bienes de la Administración General del Estado.
Aunque el documento económico no las tiene todas consigo ya que PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana (ERC), PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias reclaman la devolución de las cuentas, al sumar estas fuerzas la mitad de los diputados se necesitará el voto favorable del resto de partidos para poder rechazar estas enmiendas a la totalidad y que prosiga la tramitación de los presupuestos. La duda está en lo que hará el PNV.
Si los Presupuestos Generales no consiguen salir adelante tampoco lo hará el acuerdo que permitirá a Marbella integrar en su patrimonio estos bienes, tal y como corroboraron el pasado lunes en rueda de prensa la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. “Si no se aprueban los presupuestos, decae; no sería posible llevar a efecto lo que se está anunciando”, apuntó el responsable estatal.
Aunque la regidora se muestra positiva en la posibilidad de que estos puedan salir adelante, “espero que, efectivamente, haya voluntad por parte de todos los grupos políticos para que salga adelante”. Aún así, el trámite parlamentario de los Presupuestos tienen todavía por delante un recorrido que podrían estar en torno a unos dos meses.
ACUERDO SOBRE LOS BIENES
El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y el Ministerio de Hacienda se contempla en la disposición final decimocuarta de los presupuestos y recoge la posibilidad de permitir que los bienes embargados como resultado de procesos judiciales por corrupción, con sentencia judicial firme, puedan pasar a integrarse en el patrimonio del Ayuntamiento en lugar de integrarse en el de la Administración General del Estado, tal y como se prevé por ley que debe suceder. Para ello debe ser el Pleno el que apruebe estas peticiones que se dirigirán directamente al Gobierno central una vez que estén aprobados los presupuestos.
Además en su punto cuarto la disposición final habilita a ambas administraciones para firmar un convenio en el que el Ministerio se comprometerá a financiar, con los ingresos obtenidos en las sentencias, proyectos que la propia ciudad considere como indispensables.
