El intrusismo es uno de los problemas que más está afectando al sector del taxi. Por ello, desde las asociaciones mayoritarias se ha propuesto la inclusión en la ordenanza reguladora de este tipo de transporte público de una unidad de Policía Local que persiga estas prácticas ilegales.
“Una cuestión que el sector del taxi ha venido reclamando durante mucho tiempo y que nosotros consideramos también esencial porque no podemos permitir que se pueda dar una competencia desleal”, ha apuntado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en la presentación del inicio de los trámites de la nueva ordenanza, en la que ha estado acompañada por los presidentes de Taxisol y de la asociación de asalariados, Víctor Vázquez y José María Sánchez, respectivamente.
Esta unidad, que ya existió en la anterior legislatura del Partido Popular y que desapareció durante la gestión socialista, perseguirá este tipo de prácticas y además, según lo recogido en la ordenanza, permitirá tener a las asociaciones de taxistas un mayor control y seguimiento de los expedientes, ya que tendrán conocimiento de los pasos que se dan durante su tramitación y del sentido en el que se resuelven.
Además la ordenanza también contempla la posibilidad de que lo recaudado por estas sanciones reviertan en el colectivo de taxistas, algo que dependerá de la Junta de Andalucía que el pasado mes de febrero anunció al colectivo, en el seno del Consejo Andaluz del Taxi, la posibilidad de firmar un convenio con los ayuntamientos que cumplan una serie de requisitos, entre los que se encuentra Marbella, para que “el 50% vaya al Ayuntamiento”, según explicó Vázquez que añadió que no se percibiría en dinero líquido, sino que se contempla la posibilidad de que se realice “en materiales urbanos”, poniendo como ejemplo que “si las paradas se ponen con pérgolas –con las que combatir el calor durante el verano- pueden venir sufragados por la Junta de Andalucía”.
Por ello, una vez tramitada la nueva ordenanza deberá procederse a la firma del Convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda que adquiere con este acuerdo el compromiso de que el 50% de lo recaudado por estas sanciones repercutan en las arcas municipales.
