La sección sindical CSIF ha remitido un comunicado de prensa en el que lamentan “la falta de consideración de la Corporación Municipal hacia la plantilla de empleados públicos de este Ayuntamiento” en relación con la desestimación de una de las alegaciones presentada al presupuesto municipal por el sindicato. CSIF informa de que han detectado un error en la partida 204 2210 16200 “Formación” al consignar 50.000 euros en lugar de 180.000 que aseguran tienen que tener reconocido: “Que se consignen en el presupuesto general del ejercicio 2018 los créditos suficientes y necesarios para cubrir con los gastos para la formación de los empleados públicos municipales por importe de 180.000€, en cumplimiento de lo establecido en el art. 44 del Acuerdo Socioeconómico y Convenio de Colaboración. Esta cantidad tiene aún más justificación teniendo en cuenta el incremento de la plantilla efectivo desde Noviembre de 2016, con la integración del personal de los OALES.” Que de conformidad con el art. 170.2 del TRLRHL, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto, entre otras, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
Desde la sección sindical aseguran sentirse “engañados”. “Promesas incumplidas para no corregir en el presupuesto una obligación establecida en un título legítimo como es el Acuerdo Socioeconómico-Convenio, sobre una deficiencia debatida y reconocida en reuniones con distintos órganos con representación sindical, previas a la aprobación del presupuesto. No cumplen lo establecido en el Acuerdo Socioeconómico-Acuerdo, y no cumplen con las necesidades demandadas por el personal de recibir la formación adecuada para ofrecer un trabajo óptimo y que redunde en los servicios públicos”.
Reclaman que “que la formación nos permita adaptarnos a las nuevas tecnologías no es solo por cumplir los principios de economía, eficacia y celeridad sino que repercute en la responsabilidad del propio Ayuntamiento por imperativo legal: la adaptación y formación para la óptima implantación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, sobre la tramitación electrónica”. Igualmente, en el comunicado la sección sindical CSIF informa de que “se están estudiando acciones legales encaminadas a corregir el presupuesto municipal”.
