La denuncia de un ciudadano en Marbella después de que detectara que personas desconocidas habían solicitado a través de su correo electrónico que se realizara una transferencia de 49.000 euros que él –titular de la cuenta bancaria- no había autorizado dio pie a una investigación de la Policía Nacional que ha concluido con el desmantelamiento, en el seno de la operación Hiedra, de un entramado societario especializado, principalmente, en defraudar a la hacienda pública a través del impuesto de valor añadido (IVA) mediante la comercialización de productos de reciclaje. En el trascurso de la operación han sido detenidas en las provincias de Málaga, Granada y Jaén 17 personas -14 hombres y 3 mujeres- todos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 64 y 23 años por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental.
En el contexto de la operación se consiguió paralizar un pago fraudulento de 1.200.000 euros que una empresa farmacéutica –a la que la organización investigada jaqueó sus ordenadores- se disponía a realizar a la red.
La investigación ha concluido con la intervención de dos vehículos y el embargo preventivo de bienes y activos financieros valorados en 3.814.000 euros.
Las primeras pesquisas apuntaban a una estructura criminal perfectamente organizada -y que de hecho funcionaba bajo un modelo empresarial- en la que cada uno de los integrantes desempeñaba un papel determinado. Las indagaciones permitieron relacionar a esta organización de origen nigeriano con un entramado de empresas con sede social en España y dirigidas por ciudadanos españoles, aunque estas personas que se encontraban al frente de los órganos de administración se configuraban como meros testaferros, y cuya actividad directora era desarrollada por terceras personas ocultas a través del velo societario. Dicho alambicado era utilizado para el blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública, rueda de pagarés, transferencias ilícitas o fraudes con tarjetas bancarias, utilizando para ello, además del entramado societario, un sinfín de facturas falsas con las que daban cobertura a negocios jurídicos falsos.
Continuando con las pesquisas, los investigadores pudieron constatar que tras las operaciones fraudulentas investigadas se encontraba uno de los responsables de la red que, además de recibir las transferencias de origen ilícito, se encargaba de la captación de “muleros bancarios” –personas que ponen a disposición de los estafadores cuentas bancarias de destino donde poder transferir el dinero obtenido de forma fraudulenta-. Así, en el trascurso de la investigación, los agentes detectaron distintas cuentas corrientes a nombre de otras tantas personas, que el grupo había utilizado para recibir trasferencias ilícitas por un importe de 28.000 euros en un breve espacio de tiempo.
Carrusel del IVA
La razón del fraude está en el abuso de la normativa reguladora del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las entregas intracomunitarias y sobre el sistema transitorio establecido sobre el IVA que está basado en la tributación en destino.
Este método consiste en la creación de una estructura empresarial para aprovechar que las transacciones intracomunitarias están exentas de IVA y eludir el pago del impuesto en nuestro país.
El fraude se pone en marcha con una compra exenta de IVA entre una empresa radicada en España y otra establecida fuera del territorio nacional –las dos pueden formar o no parte del mismo entramado-.
Estafa mediante “phishing”
Igualmente, en el trascurso de la investigación, los agentes consiguieron paralizar un pago fraudulento de 1.200.000 euros que una farmacéutica, víctima de la trama, se disponía a pagar a la red.
Según las pesquisas, la organización criminal accedió a los ordenadores de la farmacéutica mediante técnicas de intrusión y “phinshing” con el único fin de estafar a la compañía. De esta manera, consiguió suplantar el correo corporativo de uno de los proveedores de la farmacéutica para hacerse con un total de 50.000 euros.
