La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha aprobado en su Asamblea celebrada esta mañana una reducción del precio del agua a los municipios. Según ha señalado Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad, “La empresa ACOSOL ha realizado un estudio económico-financiero relativo a la tasa por suministro de agua en alta, y de él se desprende que dicha tasa, que en la actualidad está formada por tres conceptos (precio, recargo en cánones y desalación) y cuyo importe total es de 0,46 €/m ³ puede pasar a 0,45 €/m³, es decir, puede producirse una disminución o rebaja de 1 céntimo de €/m³”.
Asimismo, la asamblea ha aprobado por unanimidad lo que la presidenta ha considerado “una de las actuaciones más importantes de los últimos años”. Se trata de la solicitud a la Junta de Andalucía de un canon para la construcción de una nueva tubería desde Torremolinos a Manilva, para sustituir la actual, de 35 años de antigüedad, y que requiere constantes reparaciones y un gran mantenimiento.
“Esta será una obra de 91 millones de euros”, ha señalado Del Cid, “una obra que, sin embargo, gracias a los ajustes que hemos realizado, no incrementará ni un euro el recibo de ningún ciudadano de la Costa del Sol”. Además, la presidenta confirmó que se ha negociado ya esta actuación con la Junta de Andalucía, “que acometerá la parte de la obra de Casares, Manilva y Estepona”, mientras la Mancomunidad “efectuará la que va desde Estepona a Torremolinos”.
Por otra parte, la Asamblea aprobó la actualización del canon que satisface ACOSOL a la Mancomunidad por la utilización de los bienes cedidos, que ascenderá a 4.369.680 euros con efecto retroactivo a 1 de enero de 2017, lo que significa un aumento de 155.000 euros. No obstante, el importe aumentado será destinado al Plan de Inversiones Mancomunado de 2017.
El Plan de Inversiones Mancomunado es fruto del acuerdo alcanzado por la Mancomunidad con la Diputación provincial y la Secretaría de Estado de Turismo a través del cual se desarrollan distintas actuaciones en los municipios, que son los que determinan, según sus necesidades, que inversión debe llevarse a cabo.
Así, se realiza un reparto equitativo de los fondos, con arreglo al número de habitantes de cada municipio, pero con un tope mínimo de inversión de 5.000 euros, siempre que la inversión sea en una obra o servicio relacionada con el turismo.
