Según ha recogido hoy Diario Sur, Manuel González Fustegueras, arquitecto y director del equipo redactor del PGOU de 2010, ha declarado -en calidad de testigo- en el juicio por la modificación en los planos de las lindes de Marbella que los cambios en el mismo se produjeron por instrucciones de la Junta de Andalucía, quien hizo remisión al dictamen del Consejo Consultivo. Fustegueras habría explicado que el 15 de julio de 2009, tres días después del que el documento recibiera el visto bueno en la comisión municipal de Urbanismo y Obras y dos semanas antes de la celebración del pleno en el que se aprobaría el documento, recibió la instrucción de la Junta de que en el apartado de las lindes con Benahavís debía atenerse al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que indicaba que el PGOU debía reflejar las lindes recogidas en el PGOU anterior, aprobado en 1986, y no las históricas. Por ello el equipo redactor procedió a modificar los planos tal y como se aprobaron finalmente, recoge el citado medio. Una responsabilidad que el arquitecto habría adquirido al ser contratado por la administración autonómica mientras las competencias en Urbanismo de la ciudad se encontraban en manos del Gobierno andaluz.
Un proceso que sigue su cauce y en el que hoy deben declarar como investigados el vicesecretario municipal y la por entonces concejala de Urbanismo, Alba Echevarría. Un caso en el que también está implicada la exalcaldesa, Ángeles Muñoz, si bien en su caso sólo declarará si el caso llega al Tribunal Supremo.
A Muñoz se le atribuiría un presunto delito de falsedad documental, una investigación que estaría relacionada con los desajustes detectados entre los documentos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 que fueron aprobados el 12 junio de 2009 y los aprobados el 29 de julio del mismo año; unas diferencias que fueron remitidas a la Fiscalía en un informe.
No obstante, la situación varía después de las declaraciones de Fustegueras, responsable del equipo redactor y que apunta directamente a la Junta de Andalucía como responsable de dar las instrucciones para los cambios.
