Los populares lo tienen claro, se tiene que proteger a los terceros de buena fe, esos compradores de las 16.500 viviendas del municipio que tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 se quedan fuera de la norma, y para los que el documento anulado establecía un sistema de normalización mediante compensaciones. De ahí que entre la decena de alegaciones que el PP ha presentado a las normas urbanísticas de adaptación del planeamiento vigente, el del 86 aprobado inicialmente en julio, una de ellas solicite un compromiso expreso del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, para que se proteja a los terceros de buena fe, teniendo en cuenta la modificación legislativa aprobada en julio del año pasado -L.O. 7/2015- por la que se ampara a estos compradores. El concejal del PP Cristóbal Garre explicó que el objetivo es que ambas administraciones den garantías en este sentido, en el caso de que se ejecuten las demoliciones. “Lo que queremos es que esa intención que han trasladado verbalmente de que no se va a producir ninguna demolición se traslade al papel y que los servicios de Urbanismo certifiquen que no hay, ni habrá ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento o la Junta de Andalucía, de demoliciones”, explicó, destacando que esta medida aportaría además una mayor seguridad al sector. Desde el PP destacan la importancia de incorporar esta medida, ya que el Supremo deja sin efecto el sistema previsto en el planeamiento anulado para la regularización de las viviendas.
Irene Catalán
Con respecto a la otra propuesta presentada por los populares, Garre se refirió a la necesidad de que el tripartito presente un texto refundido de las normas urbanísticas, teniendo en cuenta “la indefensión”, según apuntó, a la que se presentan después de los socialistas, junto con Costa del Sol Sí Puede (CSSP) consensuaran más de una treintena de alegaciones al documento que el mismo equipo de Gobierno ha elaborado “y que no serán expuestas nuevamente ni con opción de incorporar enmiendas, por ello, si tenían que modificar algunos aspectos, lo tenían que haber llevado al documento original que se aprobó en julio”, apuntó Garre, explicando que el texto que resulte de esta autoenmienda “ya no podrá ser revisado ni enmendado”.
Con respecto al resto de las alegaciones, la mayoría son de carácter meramente técnico, tras comprobar que en la mayoría de las modificaciones “se incumple gran parte” de los preceptos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), lo que a juicio de los populares, puede perjudicar a la situación urbanística del municipio.
