Cuando el pasado noviembre se hacían públicas las tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que anulaban la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, el municipio se adentraba en una situación de incertidumbre, en la que el equipo de Gobierno eligió, como medida transitoria hasta la elaboración de un nuevo planeamiento, la adaptación del Plan del 86 -el vigente actualmente- a la Ley Andaluza de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Para los populares este proceso está instalado en un “retraso injustificable” desde que el pasado 20 de abril se diera el último paso al respecto cuando el el Consistorio convocaba la licitación para la contratación de la “asistencia técnica para los trabajos de colaboración de la adaptación parcial del PGOU a las determinaciones de la LOUA”. El proceso fue tramitado por la vía de urgencia. Este retraso del que alertaba hoy el concejal del PP Cristóbal Garre trae aparejada dos consecuencias; por un lado la merma en los ingresos, ya que sin el proceso completado no se pueden desarrollar nuevos planes parciales, y por otro, una medida que afecta directamente al bolsillo del ciudadano. Y es que si el Ayuntamiento no aporta al Patronato de Recaudación los nuevos valores catastrales, esto es, lo que corresponden al plan general vigente el del 86, estos no se revisarán y el organismo se verá abocado a prorrogar los valores de 2011, una situación que el equipo de Gobierno debe corregir para que a cada ciudadano se le cobre en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) lo que le corresponde.
Irene Catalán
Tal y como explicó Garre esta mañana, si estos valores catastrales no se revisan, habrá muchos ciudadanos cuyas parcelas respondan a la valoración realizada en 2011, con respecto al Plan de 2010, actualmente anulado. “Esta es una gestión que debe hacer el Ayuntamiento para que el cuidando no pague más de lo que le corresponde”, subrayaba Garre, quien además precisaba el plazo con el que tripartito cuenta para realizar esta gestión, que no puede ir más allá de septiembre u octubre.
El Patronato de Recaudación necesita al menos tres meses para poder aplicar los valores catastrales vigentes, los correspondientes a la ley urbanística del 86, una situación que también repercute en las plusvalías de las parcelas cuyas características actuales “son muy superiores a la calificación del PGOU del 86”, precisaba el edil, instando al Consistorio a que actúe al efecto en favor de los ciudadanos y el pago del recibo del IBI.
Con respecto a la elaboración de un nuevo Plan General para el municipio este no será tal, al menos hasta dentro de tres años, según los plazos que comprende el proceso, por lo que para la formación popular, hubiera sido positivo que a la vez que se adapta el del 86 a la LOUA, se debería de haber iniciado la elaboración de un nuevo planeamiento, puesto que “los trámites se tienen que elaborar sin prisa, pero sin pausa”, puntualizó Garre.
