El pasado martes el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Porcuna, señaló en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que en dicha reunión se dio cuenta “de un informe del secretario de una sentencia a propósito de un expediente sancionador contra Jesús María Flores, un arquitecto local que fue sancionado por Urbanismo”. Una sanción que fue objeto de polémica después del cruce de acusaciones entre el responsable del área por aquel entonces, Pablo Moro, y el hermano del sancionado, el abogado marbellí Antonio Flores, a través de una red social. Para el abogado la sanción a su hermano era una “represalia” de “Alcaldía” y “multa sin precedentes”, según lo recogió Marbella Confidencial, después de que él mismo desvelase unas operaciones financieras de la sociedad Crasel Panóramica S.L. de Ángeles Muñoz en Luxemburgo en marzo 2014. Arquitecto y abogado llegaron incluso a denunciar, después de estos hecho, al edil de Urbanismo por actuaciones relacionadas con su gestión.
No obstante, Moro, señaló que esa acusación era mentira ya que el expediente sancionador se había iniciado en marzo de 2013, según este el expediente se inició previamente a que el arquitecto destapase dicho supuesto escándalo. Un procedimiento que siguió su curso y en el que las alegaciones del sancionado llevó a que la multa se situase en una cifra de 275.000 euros pese a que inicialmente superó el medio millón de euros -cantidad a la que aludió en rueda de prensa la concejala de la formación popular, Francisca Caracuel-.
La sanción llegó al contencioso administrativo después de la notificación por dicha cantidad, un órgano que parece ahora entender que “el procedimiento no es adecuado”, según señaló Porcuna quien informó además de que “anula la sanción y el Ayuntamiento, entiende que después de esa sentencia no se va a recurrir, puesto que incluso el consejo de los juristas es que no se recurra, hay un informe en este sentido y la conveniencia de no presentar recurso de alzada contra la sentencia porque además podría haber un daño patrimonial contra el Ayuntamiento que seguramente se perdería y se condenaría en costas”, apuntó el portavoz.
De este modo, el Consistorio desistirá -es decir, se apartará de esta empresa o intento empezado a ejecutar, según recoge la Real Academia de la Lengua Española en su acepción primera y más allá de su concepto jurídico- en continuar con este procedimiento o cobro de la sanción que repercutirían directamente en las arcas municipales.
