La polémica vuelve a golpear al entorno del alcalde de Marbella, José Bernal, después de que su asesor jurídico, Carlos Cañavate, se haya negado a declarar ante la Comisión de Investigación del Parlamento Andaluz creada a efecto de fiscalizar los sucedido en el escándalo de los Cursos de Formación. El propio Cañavate llegó a asegurar ante la UCO que cuando tomó posesión como director general de Formación Profesional para el Empleo en el año 2013 se encontró con una cantidad cercana a los 950 millones de euros correspondientes a cantidades entregadas para subvenciones a la formación que no se habían justificado. El asesor marbellí justificó su negativa a declarar aduciendo que no quería poner en peligro su colaboración con la Justicia, no en vano, desde el propio PSOE siempre se han jactado de que Cañavate fue el que destapó el escándalo.
No obstante, la portavoz de Empleo del PP en el Parlamento de Andalucía y representante del Grupo Popular en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación, Teresa Ruiz Sillero, resaltó que éste no se encuentra imputado por lo que no existe ningún motivo de peso para que se niegue a declarar, al mismo tiempo que incidió en la importancia de su declaración para esclarecer lo sucedido.
En este sentido, la popular vinculó el silencio de Cañavate a su actual ocupación laboral al ser un cargo de confianza del socialista José Bernal, “sabiendo esto es todavía más curioso si cabe su silencio cuando su obligación es la de aclarar todo lo que sabe de todo el fraude”.
La parlamentaria calificó de “extraño” e incluso “sospechoso” que con todo lo que contó el ex director general de Formación Profesional para el Empleo Carlos Cañavate ante la UCO que, según indicó, fue uno de los que destapó parte del fraude de la formación, ahora no quiera declarar ante la Comisión de Investigación.
Además, lamentó la actitud de resto de los grupos parlamentarios ya que, según dijo, “no han tenido el más mínimo interés en preguntarle al compareciente”.
“Nos preguntamos si ya a estas alturas todos los grupos tienen un pacto con Susana Díaz porque viendo su forma de actuar nos da pie a pensar en ello”, agregó.
En este sentido, señaló que no colaborar con la Comisión supone pervertir la misma y volvió a acusar al Gobierno de Susana Díaz de poner obstáculos a ésta y de seguir sin mandar la documentación necesaria para que los trabajos sigan adelante y para que puedan finalmente aclararse que es lo que realmente ha ocurrido con el fraude de la formación.
Además, recordó que entre algunas de las cosas que éste declaró destaca que desde el año 2007 hasta el 2011 se publicaron todos los años Resoluciones de Exoneración a aquellas entidades que habían sido beneficiarias de dichas subvenciones.
Así, subrayó que él mismo explicó que el motivo que hizo que se produjera la adopción de dichas resoluciones se basa en el hecho de que la Ley General de Subvenciones prevé que no se pueden conceder nuevas subvenciones públicas a aquellas entidades que no hayan justificado subvenciones anteriores.
Por ello, Cañavate explicó ante la UCO que el procedimiento era que el 75% de la subvención otorgada se entregaba sin justificar y que únicamente se justificaba de manera muy dispar en el sentido de que había casos en los que la documentación entregada era más o menos completa en virtud de lo que exige la ley, cuando la acción formativa había concluido, para recibir el 25% restante.
Además, éste reconoció que había subvenciones que no se publicaban ante lo que Ruiz Sillero manifestó que “hubiera sido interesante que explicara quiénes recibieron las subvenciones que no se hicieron públicas”.
Finalmente, la popular hizo saber que en su día Cañavate declaró que una de las posibles bolsas de fraude que puede haber en la formación está en las empresas vinculadas y en la subcontratación por lo que apostilló que “ese era el sistema de las empresas de Ojeda y de muchas empresas afines al PSOE”.
