El pasado mes de octubre se dio a conocer la contratación de Jaime Olcina como asesor para Proyectos Estratégicos, una incorporación cuestionada hoy por el edil popular, Félix Romero, quien apuntó que “a lo largo de la tramitación se han producido toda una serie de irregularidades que tienen que ver con la presentación de las ofertas, que se presentan el mismo día y que son idénticas en formato, confección, contenido y presentación, lo que nos hace pensar que pudiera ser que hubiese habido una simulación para cubrir el requisito de la necesidad de presentar tres ofertas”, no en vano, destacó que “incluso si la ponen ustedes al trasluz las letras coinciden, con lo cual a nosotros nos genera dudas, no queremos decir que haya nada, simplemente que hay que explicarlo”. De hecho, el popular señaló que las tres ofertas que se presentaron tuvieron “entrada en el departamento de contratación con fecha posterior a la propuesta de adjudicación, que es del 27 de agosto de 2015”.
En una rueda de prensa ofrecida para reclamar explicaciones al alcalde de Marbella después de que se conociese que Olcina cuenta con dos sociedades en Panamá, Romero puso en entredicho la contratación de este asesor citando palabras literales del alcalde a los medios de comunicación, según señaló el edil, en las que el regidor defendió que “aparte de abogado, es amigo mío y a mi personalmente me puede aconsejar lo que quiera y yo le puedo solicitar lo que quiera”, unas declaraciones que Bernal hizo para negar que Olcina estuviese contratado por el Consistorio en Urbanismo en julio del pasado año.
Unos aspectos que no serían los únicos en llamar la atención respecto a este contrato, “tampoco consta la incompatibilidad que pudiese afectar a este señor, porque ha venido ejerciendo y ejerce como letrado del grupo municipal del PSOE en distintas acciones judiciales, casi todas por cierto contra el PP -apuntilló Romero- y tampoco consta -en el contrato- que está usando desde hace tiempo un despacho en la delegación de urbanismo”.
“Un contrato que se realiza con una indefinición del mismo, no hay una definición clara del objeto del contrato, se le contrata para consultoría jurídica especial, -concretamente, relató el edil- para implantación de procesos de toma de información, tramitación y gestión de solicitudes de proyectos de inversión especial en el municipio, hay que tener un máster para interpretar que quiere decir esto, parece una definición fina de lo que es un conseguidor”.
A todo ello, se suma “el carácter artificiosos de la declaración de inexistencia del fraccionamiento del contrato que no existe tampoco en este expediente” además “del carácter artificioso del precio del contrato por imposibilidad de su determinación en los términos legales”, “si la administración sólo puede contratar en precios de mercado cuáles son los precios para esto -se cuestionó el edil-, no hay ningún documento que acredite que lo que se va a abonar a este señor es lo que vale en el mercado una cosa tan etérea como lo que se ha contratado”.
Respecto a la disolución del contrato, llegado el momento, el edil apuntó también a la “imposibilidad de terminar el plazo de duración del contrato de forma motivada o razonable
¿por qué se hace por un sólo año, por qué no por meses?, no aparece ningún tipo de planteamiento y parece claro que se hace simplemente para cubrir un requisito legal”. Tampoco existiría ningún “informe razonado sobre la necesidad del contrato”, al igual que se produce una “ausencia de acreditación de capacitación y solvencia técnica de los ofertantes en orden al objeto del contrato”.
Para el edil el contrato que vinculó a Olcina con el Ayuntamiento de Marbella se llega a plantear “después de la presión de la oposición y de los medios de comunicación al respecto de las labores que estaba realizando este señor”.
Todas estas circunstancias ha llevado al PP a anunciar que las pondrán “en conocimiento de la autoridad pertinente. Evidentemente, no nos cabe la menor duda de que esta contratación, como tal, podría ser nula por todos los vicios que acumula, pero empezamos a tener dudas también de si no habrá alguna situación que pueda derivar en algún tipo de responsabilidad penal para alguno de los intervinientes en esta contratación”.
