La Junta de Gobierno Local ha iniciado hoy el expediente para desalojar a los habitantes de dos viviendas situadas en el colegio San Pedro. La polémica saltó a la luz pública por las manifestaciones y concentraciones de los padres y madres del centro que pidieron que estos fueran expulsados por las molestias que causaban en el funcionamiento ordinario del centro, uno de ellos incluso contaba con un perro de los considerados como de raza peligrosa. Pese a ello, el Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, aseveró que la actuación de la institución se inició previamente y que no ha sido una forma de reaccionar ante dichas peticiones. “A esta polémica de algunos que, con tan poco tiempo que llevamos, nos está exigiendo que hagamos algo, hoy les digo que nosotros no hemos empezado el desalojo de estas viviendas porque haya presiones, manifestaciones o se pongan delante de la Tenencia de Alcaldía con pancartas a pedir el desalojo, nosotros empezamos nuestro trabajo y nuestras obligaciones desde que llegamos a este Ayuntamiento”, aseveró el máximo representante sampedreño.
El edil informó además que con fecha del 14 de diciembre, la Policía Local ya elaboró un informe sobre el estado de ocupación de las viviendas. Hoy, en Junta de Gobierno, se han iniciado los trámites para desalojar a las personas que habitan estas viviendas, se trata de hijos de antiguos profesores del centro que han continuado viviendo allí.
A partir de recibir la notificación los residentes tendrán un plazo de quince días para poder recurrir el expediente, “las personas que están viviendo allí tienen derecho a reivindicar lo que ellos crean”, apuntó el edil quien informó además que en estos momentos desconocen si pueden disponer de algún título que los habilite a poder vivir allí”, según señaló es algo que “no consta”. Piña precisó además que “no es un desalojo social”, pero que “si así lo fuera buscaríamos una alternativa fuera del centro”.
El edil apuntó que la polémica por la ‘ocupación’ de estas viviendas se remonta a 2.008 cuando se instó al Ayuntamiento a iniciar los trámites para recuperarlos, señalando que “cualquier intervención pasaba por disponer de esas viviendas”.
