El comité de empresa del Ayuntamiento daba ayer una rueda de prensa para explicar la situación en la que se encontraban las negociaciones con el equipo de Gobierno, unas negociaciones que según la propia presidenta Elvira León, se encuentran en punto muerto. La última de las propuestas que el alcalde, José Bernal, dio a los trabajadores versaba en recuperar el convenio y el acuerdo socioeconómico, a cambio de suprimir el seguro médico privado. Hoy el regidor ha vuelto a manifestar su rotunda negativa a mantener nuevos contactos si los trabajadores no renuncian a este servicio privado. “Este equipo de Gobierno no va a negociar absolutamente nada en cuanto al seguro médico privado, sólo consideramos la supresión”, subrayó Bernal, quien advirtió de que no habrá “atisbo de negociación alguna en cuando al seguro privado”. El Comité de Empresa anunciaba ayer que convocará una nueva asamblea para tomar decisiones, donde su presidenta explicaba también que el tema “no es una renuncia a un seguro médico”, alegando que “nunca se nos ocurrió decir que contrataran ningún seguro, porque entendíamos la situación del Ayuntamiento y de los ciudadanos con la crisis y la falta de trabaja, consideramos que se podía dejar en suspensión”, pese a ello, León ha lamentado que la no posibilidad de reunión con el Ejecutivo no les haya permitido explicarles este punto.
B. Sánchez/I. Catalán
La postura del colectivo de trabajadores es “no renunciar nunca a un derecho que tenemos adquirido por sentencia judicial, pero sí mantenerla congelada hasta que llegara el momento de su utilización”, aclarando además León que “tampoco estamos diciendo que sea la contratación de una póliza”.
El reconocimiento de este seguro médico privado aparece contemplado, por primera vez, en el Convenio Colectivo de 2004, fue ya en 2007 cuando “fue quitado unilateralmente por el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular”. Ante tal situación los trabajadores decidieron recurrir a los tribunales, “nos dijeron que era un derecho reconocido”, aseveró León. Tras ello, y dadas las circunstancias de crisis que rodeaban al fallo, los trabajadores “consideramos que se podía dejar en suspensión, mantener la sentencia congelada”.
De esta forma, las vicisitudes entre ambas posturas girarían precisamente en torno a la supresión de este derecho reconocido, fin último pretendido desde el Ejecutivo municipal, y la consideración de dejarlo en suspensión o sujeto a modificación, en base a lo defendido por los trabajadores, según la postura del Comité de Empresa.
