El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha asegurado que la respuesta de la Fiscalía a las solicitudes de suspensión de las penas de prisión en el caso en el que están condenados por blanqueo de capitales el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y sus exparejas, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, «será caso a caso». Por eso, en lo que respecta a la cantante, hasta que no llegue y se analice el escrito «no se puede aventurar nada». López Caballero, que ha participado este jueves en la inauguración del Congreso de la Abogacía Malagueña, ha señalado en declaraciones a los periodistas que hasta ahora lo que hay son «dos pronunciamientos respecto de dos peticiones de dos personas condenadas en ese procedimiento», en concreto los acusados Benjamín Martínez y Fernando de Salinas, a los que se les impuso un año y medio de prisión, a cada uno, pena sobre la que la Fiscalía Anticorrupción se opone a que se suspenda.
Redacción
«La respuesta de la Fiscalía será caso a caso conforme se vayan presentando los distintos escritos, por lo que hasta que no llegue el escrito solicitando la suspensión de la condena, no se puede aventurar nada», ha indicado el fiscal jefe, quien cuestionado por el caso concreto de la cantante ha indicado que cuando «se vea la solicitud y las condiciones particulares de cada persona, será el momento de establecer la posición de la Fiscalía».
Ha recordado que esta causa y la ejecución de la misma es competencia de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga y no de él, por lo que «será esa Fiscalía la que tendrá que pronunciarse sobre ese particular, haya abonado la multa o no», ha indicado, reiterando que «hasta que no llegue la documentación relativa a la petición que se haga no hay un futurible sobre la posición y el fiscal se pronunciará a la vista del expediente en concreto».
Cuestionado por si podría ser ejemplarizante el que cumpla la pena y si podría ser esa la postura de la Fiscalía, López Caballero ha indicado que «más que ejemplarizante hay que plantearse el debate en términos de prevención general o especial, que son los requisitos que legitiman la imposición de una pena en el Estado de Derecho», señalando que «estamos hablando en términos de fines en el cumplimiento de la pena».
Ha explicado que una condena cuando no supera un límite -dos años- «es susceptible de ser suspendida en cuanto a su ejecución, depende de las particulares circunstancias del caso», cuestión que corresponde informarlo primero al fiscal que lleve la causa «y decidirlo al Tribunal», por lo que ha apostado por «aguardar los tiempos para cada persona».
Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción en Málaga se ha opuesto a la suspensión de la pena de prisión solicitada por Martínez y De Salinas, alegando peligrosidad criminal, y también la función de prevención general que cumple la pena, teniendo en cuenta que se trata de un delito de blanqueo de capitales procedente de la corrupción.
Fernando de Salinas era gestor de patrimonios de un banco suizo y fue contactado por los hermanos Maite y Jesús Zaldívar por sus conocimientos en inversiones, sabiendo éste que ella era la exmujer de Muñoz. Les propuso la creación de un mecanismo financiero en el extranjero para recoger ese dinero, «del que no quiso conocer su origen».
De esta forma, les ayudó «a que pudieran disponer de él, introduciéndolo en el tráfico jurídico y así permitirles actuar de manera aparentemente legal». En el caso de Benjamín Martínez, era director de una sucursal bancaria y facilitó a los Zaldívar «la realización de una serie de operaciones bancarias tendentes al aprovechamiento de fondos cuyo origen delictivo conocía».
