Cada vez se va entendiendo más la dimisión de la exdirectora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez. Y es que el sumario judicial acaba de determinar que falsificó el convenio inicial que debía marcar los límites de utilización del dinero con el fin de poder albergar otras sociedades, distintas a la de Santana Motor.
Irregularidades muy llamativas y que explicarían la aparición de las sociedades de la socialista en el contrato de 36,1 millones de euros. La modificación a la que hacemos mención fue denominada Convenio Massif y la ordenó la misma Consejería en la que había trabajado María Gámez, Consejería que a su vez entregó el dinero y llevó la gestión directa del programa de ayudas.
Pero por si esto fuera poco, en 2008 María Gámez abandonaba su cargo, un hecho que para nada supuso una pérdida de un puesto sino que elevó su autoridad pasando a ser delegada de toda la Junta socialista de Andalucía y siendo sustituida en la Consejería casualmente por una compañera de la misma carrera, universidad, edad y partido.
El sumario determina además “una contabilización y justificación documental muy deficiente” y destaca igualmente falsedades en el Plan Linares Futuro: «numerosos empleados de Santana Motor se han beneficiado de ayudas económicas sin sometimiento a la normativa. Se señala posible menoscabo de fondos públicos (…). Se detecta una posible financiación pública de la sociedad Santana Motor una vez acordada la disolución y liquidación de la misma».
Irregularidades en la justificación de los gastos, partidas modificadas, incremento de gasto en personal, pero sobre todo la detección de la presencia como beneficiarios, entre los proveedores que inicialmente no estaban contemplados en el Convenio, de dos sociedades gestionadas por personas que a su vez estaban participando de manera coetánea en la gestión del Grupo Santana, una de ellas Experience Management Group», propiedad del cuñado de Gámez.
