El partido critica al Ayuntamiento por regularizar el Puerto Deportivo mientras defiende a personas con embarcaciones que no se presentaron a la licitación, no tienen autorización y mantienen deudas con la ciudad
El grupo municipal de VOX en Marbella, encabezado por su portavoz Eugenio Moltó, ha emitido un comunicado en el que carga contra la sociedad municipal Puerto Deportivo Marbella S.A. por la reciente ordenación del sector de chárter turístico, defendiendo a algunas personas con embarcaciones que han quedado fuera del proceso de adjudicación.
Una vez más, el partido de Santiago Abascal demuestra su doble discurso: mientras a nivel nacional exige “seguridad jurídica” y cumplimiento estricto de la ley en materia de ocupación de viviendas o alquileres, en Marbella se posiciona con personas que no solo acumulan deudas económicas con el Ayuntamiento, sino que además rehusaron el procedimiento legal para ejercer su actividad económica.
Según fuentes del equipo de gobierno consultadas por este medio, VOX conoce perfectamente los detalles del procedimiento, al haber sido informados en el Consejo de Administración del Puerto Deportivo celebrado el pasado 31 de julio, donde se explicó con claridad el origen del conflicto, el desarrollo de la licitación y el perfil de las personas movilizadas. A pesar de ello, han optado por una postura populista que deja en entredicho su coherencia y su compromiso con el interés general.
Las claves de la polémica en el Puerto Deportivo de Marbella: licitación, deuda y movilizaciones de los chárter
La reciente protesta protagonizada por varios operadores de embarcaciones de alquiler turístico (lista 6ª) en el Puerto Deportivo de Marbella ha generado confusión entre vecinos y usuarios. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Qué reclama el Puerto? ¿Y por qué se movilizan ahora algunas personas con embarcaciones?
¿Qué ha hecho el Puerto Deportivo?
El Puerto convocó hace meses una licitación pública para adjudicar las autorizaciones necesarias para ejercer actividad de chárter turístico dentro del recinto. No se trataba de alquilar amarres, sino de regular formalmente una actividad económica que hasta entonces se desarrollaba sin autorización específica.
El objetivo era garantizar que quienes alquilan embarcaciones para uso turístico en instalaciones públicas lo hicieran con transparencia, legalidad e igualdad de condiciones.
¿Por qué protestan algunas personas con embarcaciones?
Varios de los operadores que ahora se movilizan decidieron no presentarse a la licitación ni formular alegaciones durante su exposición pública. El proceso fue público, abierto y anunciado con antelación suficiente. Ahora protestan porque, al no haber solicitado permiso dentro del plazo legal, no pueden seguir operando, como sí hacen aquellos que cumplieron con el procedimiento y fueron adjudicatarios conforme a derecho.
¿Qué deuda tienen con el Puerto?
Algunas de las personas movilizadas mantienen deudas económicas significativas en concepto de atraques no abonados. Aunque tienen contratos de uso físico de los amarres, no han liquidado las cuotas correspondientes, lo que ha generado reclamaciones formales por parte de la dirección del Puerto.
¿Qué diferencia hay entre atraque y actividad?
Tener un contrato de atraque no otorga derecho a realizar una actividad económica. El atraque se paga por eslora; pero para explotar comercialmente un espacio público con fines turísticos, es necesario contar con una autorización específica, que en este caso fue tramitada mediante licitación pública.
¿Es legal el procedimiento del Puerto?
Sí. La licitación se realizó conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad. Todos los operadores tuvieron la oportunidad de participar. No hubo exclusiones: simplemente algunos decidieron no presentarse, y ahora exigen seguir operando sin cumplir los mismos requisitos que los demás.
¿Qué busca el Puerto con esta medida?
La dirección del Puerto pretende ordenar el uso económico de sus instalaciones, evitar situaciones de privilegio o irregularidad y asegurar que toda actividad comercial contribuya al sostenimiento de los recursos públicos, como exige la legalidad vigente.
Según fuentes del Puerto, se trata de avanzar hacia un modelo de gestión equitativa, moderna y transparente, como el que ya se aplica en otros espacios públicos de Marbella.
La polémica no se origina por una supuesta exclusión, sino por la negativa de ciertas personas a regularizar su situación conforme a los cauces legales. VOX, pese a estar informado y tener acceso a toda la documentación, ha decidido posicionarse del lado de quienes no pagaban, no se regularizaron y ahora protestan por las consecuencias de sus actos, rompiendo su propio discurso sobre legalidad, responsabilidad y respeto al interés general.
Esta incoherencia, unida a su silencio sobre las deudas acumuladas por algunas de las personas a las que defienden, pone en evidencia una estrategia puramente política, alejada del rigor que exigen en otros ámbitos. El Gobierno municipal continuará defendiendo la transparencia, la igualdad de oportunidades y el buen uso del espacio público, sin excepciones ni privilegios.
