La alcaldesa de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz, ha presentado una moción en la Comisión de Entidades Locales del Senado para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que continúe con la recuperación de los bienes que supongan un resarcimiento patrimonial a la ciudad derivado de los diferentes procesos judiciales con sentencia firme de los casos de corrupción de la época de los gobiernos del GIL. Un hito que ha sido realidad este año con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado al incluirse una disposición que así lo reconocía gracias a las negociaciones de la regidora con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Fue en la cámara de representación territorial donde se aprobó la disolución del Ayuntamiento en 2.006 y más de 10 años después esta continúa amparando las pretensiones de los marbellíes para que vuelvan a las arcas municipales los fondos y bienes expoliados por la corrupción.
Con más de 39 sentencias judiciales firmes, por lo pronto, las cantidades que corresponden a Marbella de estas condenas superan los 300 millones de euros, de los cuales podrían haberse recuperado unos 40, por ello la senadora pide al nuevo Gobierno que “siga trabajando codo con codo para que hasta el último euro vuelva a Marbella” y para que “se haga efectivo en el menor tiempo posible”. Muñoz ha incidido en pedir al actual Gobierno nacional “que no se deje pasar ni una oportunidad para recuperar ese dinero”, destacando “el esfuerzo que políticamente se ha hecho” para que Marbella pudiese recibir este resarcimiento patrimonial que al mismo tiempo guarda tras de sí un “resarcimiento moral”.
Y es que, no ha sido corto el camino andado por la regidora, quien incluso inició una recogida de firmas el año de la disolución, para que todo lo que había salido de las arcas municipales como consecuencia de la corrupción fuese recuperado por la ciudad. En busca de ese fin Muñoz, ya como alcaldesa, consiguió hasta dos modificaciones legislativas. La primera, en 2012, a través de la disposición adicional 70 de los presupuestos de dicho ejercicio, para que se refinanciase la deuda de la ciudad, que superó los 500 millones de euros, y la segunda, este mismo año, mediante la disposición adicional 27, que permite que las cantidades recaudadas por multas, comisos y responsabilidad civil a servicios públicos esenciales, así como la integración en el patrimonio municipal de suelo de diversas fincas y bienes embargados.
Ha sido precisamente este último cambio legislativo lo que ha permitido recuperar, en concepto de multas, más de 3 millones de euros de la Audiencia Nacional y más de 12 de la Audiencia Provincial además de importantes bienes patrimoniales como la finca de La Caridad o el helipuerto de Roca, quien fuese considerado como el cerebro de la trama de Malaya.
Con el fin de hacer partícipe a la ciudadanía y darles voz en el destino de las cantidades recibidas por estas multas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una consulta popular para conocer aquellas necesidades de equipamientos a los que dar prioridad. Una encuesta que ya se puso en marcha por internet y en la que desde hoy también se puede participar de forma física en la sede de los diferentes distritos y en el Ayuntamiento, a los que los vecinos pueden acudir a votar.
