El candidato socialista a la alcaldía de Marbella, José Bernal, ha sacado rédito de la petición que desde el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Agencia Tributaria, se realizó a finales de junio y en la que se pedía al Ayuntamiento de Marbella que ingresase al Estado los 12 millones de euros provenientes de condenas por casos de corrupción que asolaron a la ciudad, en concreto se trata de cantidades debidas por Juan Antonio Roca por los casos Saqueo I y II, para tratar de sembrar dudas sobre que los fondos hayan sido ingresadas por la ciudad.
Así, a través de sus redes sociales, el socialista que aspira a dirigir la ciudad, señaló que “Angeles Muñoz (copiado literalmente) sabía desde junio que los 12 millones del Malaya no venían a #Marbella. Hizo campañas, miles de euros en publicidad, ha sacado folletos y hasta una votación! Lo de siempre: mentiras, engaños y primando sus intereses. Y #Marbella abandonada.”
Un post que cuestionaba la llegada de los fondos a las arcas de la ciudad pese a que a primera hora del día de ayer la regidora había esclarecido que esas cantidades habían sido ingresadas por la ciudad y que desde el Consistorio se había negado la devolución tras un acuerdo en Junta de Gobierno avalado por un informe de la asesoría jurídica municipal, sin que la Agencia Tributaria hubiese insistido en sus pretensiones no habiendo realizado ninguna alegación al recurso presentado por el Ayuntamiento.
Ante estas insinuaciones la primera edil, también a través de sus redes sociales, informó de que “Afortunadamente después de muchos años de lucha hemos conseguido recuperar hasta el momento 15 millones de euros del dinero que se esquilmó a #Marbella” corroborando que esa cantidad “se encuentran en las arcas municipales de las que nunca debieron salir para destinarlos a inversiones en nuestra ciudad aunque algunos parece que no les gusta y preferían que ese dinero no hubiera llegado nunca o se hubiera entregado a otra Administración”.
La regidora aportó además la carta de pago en la que se hacía constar que el Ayuntamiento ha recibido el importe correspondiente a la deuda. La responsabilidad civil está orientada a la restitución de la situación anterior a sufrir una persona un delito y a la reparación de los daños a la víctima, en este caso se entiende que es la ciudad de Marbella, por lo que los afectados reciben estas cantidades, como así ha sucedido en todos los procesos favorables al Consistorio. La diferencia es que hasta este año, en virtud de la disposición 70 de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, la administración local debía entregar estas cifras a Hacienda con el fin de hacer frente al pago de la deuda que la ciudad tenía contraída con el Estado como consecuencia de la época de corrupción de las etapas GIL, con sus diferentes alcaldes, unas cantidades que se liquidaban a finales del ejercicio económico.
No obstante, los Presupuestos Generales de 2018, en su disposición 27, permitían a la ciudad obtener estos fondos sin tener que destinarlos obligatoriamente al pago de deuda, situación que ha motivado que el Ayuntamiento inicie una consulta popular para que los ciudadanos prioricen las inversiones que desde la administración local se deben hacer con ese dinero.
El problema surgió cuando desde la Agencia Tributaria se solicitó que se cumpliese el acuerdo de 2012 en mitad del ejercicio económico, y no, a finales del mismo, lo que motivó la negativa del Ayuntamiento basándose en un informe que argumenta que ni en el acuerdo de fraccionamiento de la deuda ni en la legislación aplicable, se determina término temporal alguno que permita concluir que el devengo del hecho imponible para que el Consistorio se produce de forma inmediata al pago, sino que se produce la situación contraria, permitiéndole disponer de los mismos conforme a lo recogido en la Ley de Presupuestos del vigente año.
El Ayuntamiento argumenta además que se dé aplicación a los principios de retroactividad de la norma más favorable poniéndolo en relación con los principios generales de vinculación de los actos propios y confianza legítima del ciudadano. De esta forma resulta obvia que la aplicación de la disposición 27 de los presupuestos de 2018 resulta más favorable que la aplicación de la disposición 70 de la ley del 2012. De hecho, la propia Agencia Tributaria habría reconocido tal hecho según se desprende de la argumentación dada por los servicios jurídicos asegurando que se está imponiendo con la ciudad un criterio restrictivo y un cambio conforme a la forma de actuar en 2012 al haber adelantado en el tiempo la exigibilidad de la obligación de pago.
