El Gobierno central continúa haciendo caja mientras miles de conductores sufren retenciones diarias; el Estado y la concesionaria invirtieron más de 10 millones de euros en ampliar cabinas que no han solucionado el problema
Un nuevo episodio de colapso se ha producido este fin de semana en la autopista de peaje AP-7 a su paso por la Costa del Sol, con colas kilométricas a la altura de Marbella y Mijas, provocadas por el cuello de botella que suponen las nuevas cabinas de pago. A pesar de la millonaria inversión pública y privada realizada para su ampliación, las retenciones son ya una imagen habitual en una infraestructura cuya única función parece ser seguir llenando las arcas del Estado y de la empresa concesionaria.
Según datos oficiales, entre 2021 y 2023 se destinaron más de 10 millones de euros a la modernización y ampliación de las estaciones de peaje de la Costa del Sol. De ellos, al menos 6,2 millones procedieron de fondos públicos canalizados a través del Ministerio de Transportes, mientras que el resto fue sufragado por la propia concesionaria, Abertis. El objetivo declarado era agilizar el tránsito y mejorar la fluidez del tráfico. Sin embargo, la realidad actual es bien distinta: largas colas, esperas desesperantes y conductores que, además de pagar, pierden tiempo y calidad de vida.
Las imágenes de este domingo hablan por sí solas. A las 13:00 horas, la entrada a las cabinas de pago en dirección Málaga presentaba retenciones de más de 4 kilómetros, afectando también a los accesos de Elviria y Calahonda. Y por la tarde, el sentido contrario hacia Marbella y Estepona sufría el mismo escenario de caos y saturación.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin dar una solución real a la masificación de vehículos en la Costa del Sol. La liberalización de peajes en otras regiones —como en Cataluña, Galicia o Castilla y León— contrasta con el castigo sistemático que sufren los conductores malagueños. Aquí, lejos de liberar la autopista, se modernizan los sistemas de cobro para hacer más rentable el negocio de pagar por circular.
Una Costa del Sol asfixiada por los coches y la dejadez del Gobierno
La Costa del Sol vive desde hace años una situación límite de tráfico y movilidad, especialmente durante los meses de verano. Aglomeraciones en todos los accesos, saturación en los enlaces de la A-7 y AP-7, y una falta absoluta de alternativas reales para la descongestión del transporte. A esto se suma la inacción del Ejecutivo central, que ni libera el peaje ni apuesta por infraestructuras ferroviarias como el tren litoral, ni por una red de transporte público metropolitano que alivie el uso del vehículo privado.
“Estamos atrapados en una ratonera diaria, pagando por un servicio que no cumple su función y que solo genera frustración”, explicaba ayer un conductor habitual que sufre estas colas cada fin de semana. “El Gobierno no puede mirar hacia otro lado mientras seguimos pagando peajes por estar parados”, añadía otro usuario indignado.
¿Dónde están las soluciones prometidas?
Desde diferentes sectores, tanto políticos como sociales, se ha reclamado reiteradamente la liberalización del peaje en este tramo clave para el turismo y la economía de Andalucía. También se exige una intervención urgente del Estado para implementar planes de movilidad eficaces, coherentes con el crecimiento poblacional y turístico que vive la zona.
Pero el silencio del Ejecutivo es ensordecedor. El PSOE, lejos de defender a los ciudadanos de la provincia de Málaga, mantiene una postura sumisa ante un modelo que exprime a los conductores y penaliza a quienes viven o trabajan en la Costa del Sol.
Comparativa con otras zonas de España
La diferencia de trato es evidente. En Cataluña, más de 500 kilómetros de autopistas fueron liberalizados en 2021. En Galicia, se han reducido drásticamente los peajes y se han bonificado otros. Mientras tanto, los malagueños siguen pagando hasta 9,45 euros por trayectos que, en plena temporada alta, pueden durar el doble o el triple del tiempo habitual.
La situación es insostenible. La Costa del Sol necesita infraestructuras adaptadas a su realidad actual y no un sistema de peajes que, en lugar de facilitar el tránsito, se ha convertido en una trampa recaudatoria. El Gobierno de Sánchez tiene la responsabilidad de actuar, pero su inacción solo confirma lo evidente: para Moncloa, Marbella y la Costa del Sol no existen. Solo importan cuando toca hacer caja.
