El año arranca en Marbella con una preocupación que afecta directamente al bolsillo de miles de vecinos: la subida de la tasa de basura. Sin embargo, lejos de ofrecer explicaciones claras o asumir responsabilidades políticas, la diputada y dirigente socialista Isabel Pérez ha optado por el silencio, una actitud que está generando un creciente malestar ciudadano.
Marbella, 9 de enero de 2026. La actualización de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) ha entrado en vigor en este inicio de 2026 como consecuencia directa del nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno de España, actualmente en manos del Partido Socialista. Una normativa estatal que obliga a los ayuntamientos a repercutir íntegramente el coste real del servicio, eliminando cualquier margen de compensación municipal y trasladando el impacto económico directamente a los ciudadanos.
Desde el Ayuntamiento de Marbella se ha explicado en reiteradas ocasiones que esta subida no responde a una decisión política local, sino a una imposición legal derivada de las políticas fiscales y medioambientales del Ejecutivo central. Pese a ello, desde las filas socialistas en Marbella no se ha producido ni una sola comparecencia pública para aclarar a los vecinos por qué se ha llegado a esta situación ni qué margen de actuación existe realmente.
El silencio de Isabel Pérez resulta especialmente llamativo por su doble condición de representante institucional y dirigente del PSOE en la provincia. Ni una explicación técnica, ni una defensa del nuevo modelo, ni una sola palabra para asumir el impacto social de una medida que afecta tanto a familias como a pequeños comercios y autónomos.
Mientras tanto, el equipo de gobierno municipal ha tenido que hacer frente al descontento vecinal, explicando que la Ley estatal de residuos obliga a que la tasa cubra el 100% del coste del servicio, incluyendo recogida, transporte y tratamiento. Una obligación que deja sin margen a los ayuntamientos y que evidencia, una vez más, cómo las decisiones adoptadas desde Madrid se aplican sin tener en cuenta la realidad económica de municipios turísticos como Marbella.
Sectores empresariales y asociaciones vecinales han comenzado a expresar su preocupación por el efecto acumulativo de este tipo de medidas, que se suman a la inflación, al encarecimiento de suministros y a otras cargas fiscales. No se puede hablar de sostenibilidad siempre desde el bolsillo del ciudadano, señalan desde colectivos locales, que reclaman explicaciones y responsabilidades políticas claras.
Con el inicio de 2026, Marbella se encuentra así ante una subida obligada, sin margen de maniobra y sin una voz socialista que dé la cara. El silencio de Isabel Pérez no solo contrasta con la magnitud del impacto económico, sino que refuerza la sensación de desconexión entre las decisiones del Gobierno central y las consecuencias reales que padecen los vecinos.
Una vez más, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién explica a los ciudadanos por qué pagan más? De momento, desde el PSOE, el mutismo es absoluto.
