La Audiencia de Málaga ha condenado al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y al que fuera asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación en el caso ‘Pinillo’, que versó sobre la operación urbanística desarrollada en la finca del mismo nombre en la ciudad. Así consta en la sentencia de la Sección Tercera, en la que se aplica la atenuante de dilaciones indebidas y se absuelve a Roca y a Muñoz de los demás delitos por los que fueron juzgados; es decir, los de cohecho, estafa, fraude, alteración de subasta y negociación prohibida a funcionarios. En la resolución, de casi 200 folios y que se puede recurrir, la Sala les impone a esos dos acusados que indemnicen a los herederos de los dueños de la parcela con 260.205 euros, cantidad de la que se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Marbella.
Asimismo, se absuelve a siete acusados, entre ellos el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes y el que fuera testaferro de Roca, Óscar Benavente; así como a otro procesado, en este caso tras haberse retirado la acusación al final del juicio.
También se reitera la absolución para cuatro acusados, ya adelantada en un auto del Tribunal, por prescripción de los delitos; y se absuelve a una de las procesadas que estaba en el procedimiento en concepto de partícipe a título lucrativo.
Sí se condena a siete exediles por un delito de prevaricación y se les impone la pena de ocho años de inhabilitación, tal y como se acordó con la Fiscalía Anticorrupción en la primera sesión del juicio. Éstos son Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.
El juicio comenzó en marzo de 2016 y quedó visto para sentencia en julio de dicho año. La Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones sostenían que a través de la operación urbanística desarrollada en esa finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron.
Roca aseguró en el juicio que la operación desarrollada en la finca la inició el entonces regidor Jesús Gil para «hacer un favor» a un amigo, el propietario de la parcela, que tenía un problema con la carga hipotecaria que pesaba sobre la misma. Además, se desvinculó de la recalificación del terreno y negó que diera órdenes a Muñoz o a los exediles para aprobarla en comisión de gobierno, ya que éstos las recibían «del alcalde».
