La decisión del Ministerio de Transportes de liberar temporalmente el peaje de la autopista de Las Pedrizas (AP-46) tras el derrumbe en la autovía A-45 ha sido recibida con una mezcla de alivio y críticas. Aunque la medida busca aliviar el tráfico colapsado en la carretera gratuita, muchos ciudadanos y expertos en infraestructuras denuncian que el Gobierno sigue sin abordar el problema de fondo: la liberalización definitiva de la autopista.
Este es el primer caso en la historia en que el Ejecutivo toma una decisión de este tipo, lo que para muchos demuestra que la autopista podría ser gratuita sin afectar gravemente a las arcas públicas. “Han necesitado un derrumbe para hacer lo que llevan años negándose a hacer. ¿Por qué en otros lugares de España se han liberalizado autopistas y aquí no?”, cuestiona un representante de los transportistas, uno de los sectores más afectados por el peaje.
La falta de una solución estructural deja en evidencia la desigualdad en el tratamiento de las infraestructuras viales en España. Mientras que en otras comunidades se han eliminado peajes, en Andalucía los conductores siguen pagando por utilizar una vía moderna y segura. “No es una cuestión de imposibilidad económica, sino de voluntad política”, afirman fuentes del sector.
La medida temporal también ha generado dudas sobre su gestión: ¿qué ocurrirá cuando la A-45 vuelva a estar operativa? ¿Se restablecerá el peaje como si nada hubiera pasado? Mientras tanto, los conductores malagueños ven cómo se perpetúa un modelo de infraestructuras que privilegia el pago por uso en lugar de garantizar una movilidad equitativa para todos.
