La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha declarado cumplida la pena de inhabilitación especial de dos años impuesta por el caso ‘Malaya’ al que fuera jefe de la Policía Local de la ciudad Rafael del Pozo, condenado por un delito de cohecho. Así consta en un auto dictado por la Sala que ejecuta la sentencia del caso de corrupción en Marbella, con el que se da respuesta a la petición de Del Pozo de que se liquidara la pena de inhabilitación y se señalara el alcance del cumplimiento de la misma. El Tribunal señala que de la condena impuesta por la Sala, confirmada por el Tribunal Supremo, «se desprende de manera inequívoca que la inhabilitación impuesta es la relativa a la de profesión de policía o seguridad y no la privación definitiva de empleo o cargo público».
Se añade que esto también se precisó en un auto aclaratorio respecto a la inhabilitación impuesta a los exconcejales, que en ese caso se refería sólo a cargo electo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participar en un gobierno municipal.
En la resolución se precisa que la limitación temporal de dos años de inhabilitación «se corresponde con el hecho objetivo de que fue una única cantidad la percibida o adelantada en su beneficio» por el principal condenado en esta causa, Juan Antonio Roca, «sin que percibiera igualas o cantidades periódicas» como los exediles.
La Sala apunta que en las actuaciones consta un certificado de diciembre de 2015 del Ayuntamiento en el sentido de que Del Pozo «permanece en situación de suspensión provisional de funciones desde agosto de 2008 hasta el día de hoy», por lo que «ha cumplido más que sobradamente el periodo de dos años».
Por esto, el Tribunal que ejecuta la sentencia del caso ‘Malaya’ da por cumplida en su integridad la pena de inhabilitación impuesta a Del Pozo y señala que, respecto a la multa de 60.000 euros a la que también fue condenado por este mismo delito, se decidirá en otra resolución.
No obstante, ya se adelanta que no se admitirá la sustitución de esa multa por trabajos en beneficios de la comunidad, tal y como ha solicitado la representación de Del Pozo, sino que en su momento se le expondrá un plan de fraccionamiento de pago de dicha cantidad «sin posibilidad de alternativa alguna».
Esta resolución del Tribunal se produce sólo unos días después de que el Ayuntamiento de Marbella anunciara que ha iniciado el expediente para despedir a Rafael del Pozo; una propuesta que recoge la extinción de la condición de funcionario, la baja de la plantilla municipal y la anulación del permiso de armas como policía local.
El equipo de Gobierno baraja también la posibilidad de solicitar cantidades económicas que, según informaron en su momento desde el Ayuntamiento, habría cobrado Del Pozo de forma indebida. Esta pérdida de la condición de funcionario implica dejar sin efecto un expediente disciplinario que se inició contra el exjefe de la Policía.
