La reciente publicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de la “Guía para la redacción de Planes de Gestión de Biomasa del alga Rugulopteryx okamurae” ha provocado una nueva oleada de indignación entre los ayuntamientos de la costa andaluza. Desde Tarifa hasta Málaga, los municipios más afectados por la presencia masiva de esta alga invasora denuncian el abandono institucional de un Gobierno más ocupado en sus escándalos que en los problemas reales de los ciudadanos de a pie.
Declarada especie exótica invasora por el propio Gobierno de España e incluida en el Catálogo correspondiente, esta alga asiática está afectando gravemente a sectores clave del litoral: turismo, pesca, limpieza urbana y medio ambiente. Sin embargo, la guía publicada en junio de 2024 impone más obligaciones a las administraciones locales sin ofrecer ni una sola medida de financiación o apoyo operativo.
Una guía que impone, pero no ayuda
Aunque el documento reconoce que la gestión de la biomasa requiere coordinación institucional, el Gobierno central no asume compromiso económico alguno. Exige a los municipios que retiren el alga, la transporten, la acopien y gestionen su destrucción o valorización sin aportar recursos ni soluciones.
“Nosotros sufrimos los malos olores, los vecinos se quejan todos los días, los turistas preguntan por qué no se limpia… y el Gobierno de Pedro Sánchez ni está ni se le espera”, declara un trabajador de limpieza en el litoral de Estepona.
“Esto huele fatal, da asco bajar con los niños a la playa así, y encima dicen que no hay dinero ni ayudas del Gobierno. Es de vergüenza”, comenta una vecina de San Pedro Alcántara mientras pasea junto al paseo marítimo.
Costes y problemas reales: los datos que el Gobierno ignora
Los ayuntamientos costeros afectados han tenido que incrementar sus presupuestos de limpieza litoral hasta en un 40 % durante los meses de mayor impacto del alga (abril a octubre). Estos son algunos ejemplos:
• Marbella: más de 150.000 euros anuales dedicados exclusivamente a la retirada de Rugulopteryx okamurae, incluyendo maquinaria, personal extra y transporte a vertedero.
• Estepona: incremento de casi 90.000 euros en el contrato de limpieza de playas para gestionar el alga invasora, que aparece de forma masiva especialmente en las playas urbanas.
• Manilva y Casares: municipios con menos recursos que destinan hasta el 20 % de su presupuesto de limpieza estival a combatir la presencia del alga, lo que afecta a otros servicios.
• Tarifa: donde la presencia del alga afecta también a embarcaciones pesqueras, se denuncia la ausencia total de apoyo estatal, pese a tratarse de un municipio clave en el control del Estrecho.
• Fuengirola, Benalmádena y Málaga capital: aunque con infraestructuras más amplias, sufren el colapso de vertederos y costes acumulados de más de 200.000 euros/año sin apoyo institucional.
Una estrategia nacional sin recursos: el Estado impone y se desentiende
El problema no es solo técnico. La raíz de esta situación es que fue el propio Gobierno de España quien declaró oficialmente al alga como especie invasora, y quien elaboró una estrategia nacional de control en 2022. Sin embargo, la ejecución se traslada ahora a comunidades y ayuntamientos sin financiación, sin personal extra, y sin medios logísticos.
La nueva guía técnica exige a los municipios:
• Elaborar planes individualizados.
• Documentar y trazar cada retirada de biomasa.
• Señalizar zonas de acopio.
• Aplicar tratamientos de inactivación si se pretende valorizar el alga.
• Coordinarse con puertos, servicios de limpieza, empresas gestoras de residuos y áreas de medio ambiente.
Todo ello sin una sola referencia a fondos específicos, subvenciones o transferencias económicas.
Ayuntamientos solos ante un problema nacional
Mientras los municipios tratan de mantener sus playas limpias, preservar la calidad ambiental y proteger la imagen turística del destino, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue más centrado en sus luchas internas, ceses ministeriales y escándalos judiciales que en garantizar apoyo a los territorios afectados.
“¿Qué más tiene que pasar para que el Estado actúe? Esto no es un problema local, es un problema estructural de todo el litoral andaluz. El Gobierno se lava las manos y deja todo el peso a los ayuntamientos, que bastante hacemos ya”, señala un representante municipal del litoral malagueño.
Exigencias municipales: no más normas sin medios
Desde los ayuntamientos afectados se exige de forma urgente:
• La creación de un fondo estatal de emergencia para la gestión de especies invasoras, especialmente aquellas declaradas por el propio Estado.
• Financiación directa para limpieza, transporte y tratamiento de biomasa, proporcional al coste real que soportan los municipios.
• Asistencia técnica y operativa del Ministerio y organismos estatales, especialmente en zonas con especial valor turístico y pesquero.
• Coordinación real entre administraciones, en lugar de transferir la carga a quien menos capacidad tiene.
“Estamos al límite. Y mientras tanto, desde Madrid se dedican a publicar guías que están muy bien sobre el papel, pero que no van acompañadas de nada más. Así no se gobierna un país”, concluyen desde el entorno municipal.
