Marbella vuelve a ser víctima de la dejadez del Gobierno de España. A fecha de 10 de septiembre, el Ayuntamiento ha confirmado que la inversión destinada en este ejercicio a la retirada de algas invasoras en las playas del municipio supera ya los 750.000 euros, una cantidad que sale íntegramente de los fondos municipales. Un dinero que, en justicia, debería ser asumido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, responsable directo de este fenómeno medioambiental, y que, sin embargo, sigue sin transferir ni un solo euro a las arcas municipales.
La situación se agrava al comprobar que este enorme desembolso impide al Consistorio destinar esos recursos a otras mejoras que los ciudadanos demandan: aumentar la frecuencia de limpieza de aseos públicos en la franja litoral, reforzar la retirada de basuras, modernizar el mobiliario urbano de playas o ampliar servicios de mantenimiento. En lugar de ello, el Ayuntamiento se ve forzado a gastar tres cuartos de millón de euros en un cometido que debería estar sufragado por el Estado.
Una carga municipal que no corresponde
La retirada de algas y su traslado hasta la planta de tratamiento de Casares es un proceso complejo, costoso y continuo durante los meses de verano, coincidiendo con la mayor afluencia de turistas. El nuevo contrato adjudicado por el Ayuntamiento, según se ha hecho público en nota de prensa, refleja la voluntad del equipo de gobierno de garantizar el buen estado de las playas a pesar de la pasividad del Ejecutivo central.
El problema de las algas invasoras no es exclusivo de Marbella. Municipios de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar sufren exactamente la misma situación. Tanto es así que este verano varios ayuntamientos de Málaga y Cádiz se reunieron para analizar la problemática, intercambiar experiencias y exigir de manera conjunta al Gobierno de España que asumiera su responsabilidad. El resultado, sin embargo, fue el de siempre: promesas vacías y ninguna solución real.
Sánchez ignora las reclamaciones
El Ayuntamiento de Marbella ha trasladado en repetidas ocasiones al Ministerio para la Transición Ecológica la necesidad de habilitar una línea de financiación extraordinaria para compensar estos gastos. La respuesta siempre ha sido la misma: silencio y abandono. Ni una sola partida en los Presupuestos Generales del Estado contempla ayudas a Marbella por este concepto, pese a ser una de las ciudades turísticas más importantes de España y a soportar un volumen de visitantes que multiplica exponencialmente el coste de limpieza y mantenimiento.
Lo más grave es que, como diputada nacional por Málaga, la concejal socialista Isabel Pérez debería ser la primera en reclamar estos fondos para Marbella y el resto de municipios afectados. Su papel, sin embargo, ha sido el del silencio cómplice, alineada con la estrategia de Sánchez de mirar hacia otro lado y cargar a los ayuntamientos con un gasto que no les corresponde.
Un contraste con lo que reciben otras ciudades
El contraste con otras zonas del país es evidente. El Gobierno central sí ha destinado fondos a problemas medioambientales similares en el litoral de otras comunidades autónomas. En cambio, Marbella y los municipios de Málaga y Cádiz quedan relegados, ignorados y abandonados, obligados a sufragar en solitario un problema que excede claramente las competencias municipales.
La realidad es que los 750.000 euros invertidos en la retirada de algas durante este año habrían permitido, por ejemplo:
• Incrementar la plantilla y la frecuencia de limpieza en los aseos públicos de playa.
• Ampliar el servicio de recogida de residuos en la arena y paseos marítimos.
• Renovar pasarelas, duchas y mobiliario urbano deteriorado.
• Reforzar la vigilancia y el mantenimiento general del litoral.
En lugar de todo ello, el Ayuntamiento debe asumir un coste millonario por la falta de compromiso del Gobierno de España.
Marbella responde, el Gobierno abandona
La adjudicación del nuevo contrato de retirada de algas, anunciada esta misma semana, vuelve a dejar en evidencia el contraste entre la responsabilidad del Ayuntamiento y la indiferencia del Gobierno central. Marbella cumple, invierte y actúa. Sánchez ignora, recorta y se desentiende.
Las cifras hablan por sí solas: más de 750.000 euros de dinero municipal destinados en 2025 a un problema que corresponde a la administración estatal. Un gasto que condiciona el margen de actuación en otras mejoras de las playas y que supone, en la práctica, un castigo directo a los marbellíes.
Una exigencia clara
La conclusión es incontestable: el Gobierno de España debe transferir de inmediato los fondos necesarios para cubrir la retirada de algas en Marbella y en todos los municipios afectados de Málaga y Cádiz. No hacerlo es perpetuar una injusticia que penaliza a un territorio que sostiene buena parte de la economía turística nacional y que, lejos de recibir apoyo, es castigado con el abandono.
El Ayuntamiento seguirá respondiendo, pero la ciudadanía merece saber la verdad: el esfuerzo municipal se multiplica porque el Gobierno de Sánchez y su diputada por Málaga, Isabel Pérez, han decidido dar la espalda a Marbella y a sus playas.
