La reciente derogación del denominado decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto un debate que en Marbella se vive con especial intensidad: el de los miles de propietarios que han permanecido durante años sin poder recuperar sus viviendas, mientras seguían asumiendo todos los gastos asociados a inmuebles ocupados.
Marbella, 31 de enero de 2026. El decreto, aprobado en diciembre con el respaldo del PSOE, incluía una prórroga de la suspensión de los desahucios de inquilinos considerados vulnerables hasta 2026. Una medida que, aunque nació en 2020 como respuesta excepcional a la pandemia, fue prorrogada de forma reiterada cuando la emergencia sanitaria ya había quedado atrás.
En este contexto, resulta especialmente relevante el papel de la diputada socialista por Málaga y portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, que votó a favor de mantener este marco legal, avalando que las ocupaciones y los impagos se prolongaran en el tiempo sin ofrecer soluciones reales a los propietarios afectados.
En Marbella, la realidad es conocida por muchos vecinos: pequeños propietarios que continúan pagando la hipoteca, los recibos del agua y la luz, la contribución (IBI) y otros gastos, mientras sus viviendas siguen ocupadas sin posibilidad de recuperarlas. Todo ello con el respaldo normativo del Gobierno central, que ha trasladado el coste social del problema de la vivienda a particulares, muchos de ellos familias trabajadoras o jubilados que dependen de ese alquiler como complemento de ingresos.
Según datos del Observatorio Desca, más de 58.000 propietarios en España se han visto atrapados por estas prórrogas sucesivas. Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) recuerdan además que España es el único país occidental que ha mantenido la prohibición de desahucios más allá de la pandemia, generando una inseguridad jurídica sin precedentes.
La reactivación ahora de más de 60.000 procedimientos judiciales no responde a un cambio de sensibilidad social, sino al fracaso de una política de vivienda basada en decretos excepcionales perpetuados en el tiempo, sin un aumento suficiente de vivienda pública ni ayudas directas eficaces.
En Marbella, este episodio deja una conclusión clara: el PSOE, con el apoyo de Isabel Pérez, optó por proteger ocupaciones e impagos, mientras miles de propietarios seguían pagando de su bolsillo una política que el Gobierno no supo —o no quiso— resolver.
