El Ayuntamiento va a agilizar los trámites de los expedientes y los pagos de las ayudas sociales para acortar los plazos entre la solicitud de la prestación y su obtención definitiva. Así lo han anunciado hoy el alcalde, José Bernal, y la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, quienes han subrayado que la medida “es un avance significativo que evidencia el compromiso de este Equipo de Gobierno con las personas más desfavorecidas”. Bernal ha explicado que “hasta ahora, el sistema de ayudas se prolongaba en el tiempo y no cubría realmente las necesidades de los vecinos que las demandaban o llegaban tarde”. Además, las partidas destinadas a emergencia social que contemplaban los presupuestos “eran muy cortas y apenas se podían consumir”. La nueva propuesta elaborada por la concejalía de Derechos Sociales, que hoy se ha valorado en la Junta de Gobierno Local, “va a permitir reducir los cien días de media que hasta ahora pasaban entre que la ayuda se pedía y finalmente llegaba a unos treinta días, por lo que las prestaciones por emergencia social van a ser realmente efectivas”.
Redacción
“Más ayudas, más ágiles y para llegar a más gente. Este es el objetivo que se ha marcado la delegación de Derechos Sociales con la modificación del sistema de ayudas”, ha apuntado Morales, que ha explicado que su área lleva meses trabajando en este documento para articular las prestaciones que se dan tanto a familias en riesgo de exclusión social como a aquellas que tienen una situación de vulnerabilidad económica puntual.
Respecto al nuevo sistema, ha precisado que “son varias las mejoras que se regulan y se refieren tanto a la flexibilización de los requisitos de solicitud y los trámites para conceder las ayudas como a la duración de las mismas”.
En el apartado de requisitos, Morales ha explicado que hasta ahora el Ayuntamiento utilizaba como índice de referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), mientras que el nuevo sistema tiene en cuenta los ingresos sobre el salario mínimo interprofesional.
De este modo, en una familia de uno o dos miembros, los ingresos anuales para obtener algún tipo de ayuda, que antes se establecían en 4564 euros, pasan a 7862 euros. Morales ha señalado que “las prestaciones pueden llegar a más familias, porque no se dirigen solo a las que se encuentran en riesgo de exclusión social, sino que también pueden ser para aquellas que, aunque tengan más ingresos, están atravesando una situación precaria”.
También se contempla un descuento de hasta 600 euros en esos ingresos familiares por “gastos irrenunciables” como hipoteca o facturas de luz y agua “que antes no se tenían en cuenta”. En cuanto al procedimiento para la concesión de ayudas, Morales ha especificado que “el informe de los trabajadores sociales para determinar el carácter de urgencia de las ayudas tenía que aprobarse en Junta de Gobierno Local, mientras que ahora se va a hacer por decreto, por lo que la prestación económica se va a lanzar de forma automática”.
La concejala ha avanzado que las ayudas con carácter mensual, que cubrían un máximo de tres meses, pasan a tener un plazo inicial de seis meses prorrogable. En cuanto a aquellas de una única cuantía, destinadas básicamente al pago de alquiler, pasan de 1000 a 2000 euros y también son prorrogables con el informe pertinente del trabajador social.
“El nuevo sistema prima a las personas”, ha afirmado Morales, quien ha apuntado que “también va a valorar a aquellos vecinos que, aunque no cumplan los requisitos, estén atravesando eventualmente una situación económica delicada”.
