El PP de Marbella y Málaga denuncia el abandono institucional de Pedro Sánchez y reclama justicia para una de las zonas más castigadas por los peajes en España
La llegada del verano trae de nuevo malas noticias para los conductores de la Costa del Sol. A partir de este sábado, entran en vigor las tarifas estivales de la autopista de peaje AP-7, con precios que vuelven a incrementarse respecto a 2024, consolidando este tramo como uno de los más caros del país. Un trayecto ida y vuelta entre Calahonda y Guadiaro costará 37,70 euros, una cifra que pone en jaque tanto a residentes como a los miles de turistas que llegan en plena temporada alta.
Los tramos más utilizados —como el que conecta Marbella con Málaga— alcanzan los 8,90 euros solo en un sentido, lo que agrava el coste diario de quienes se ven obligados a circular por esta vía de pago para evitar los colapsos habituales de la A-7.
Una autopista para ricos, una autovía colapsada para el resto
Con la AP-7 convertida en una vía elitista, la única alternativa gratuita, la A-7, es ya un infierno diario para los conductores. Tramos como los de Fuengirola, Mijas, Marbella o Benalmádena sufren atascos constantes, especialmente durante los fines de semana y en horas punta. La falta de inversión estatal para desdoblamientos, conexiones y mejoras convierte a esta carretera en una ratonera que pone en riesgo la movilidad y la seguridad.
El incremento de población flotante y el aumento de desplazamientos por el turismo solo empeoran una situación que lleva años sin respuesta por parte del Gobierno central.
El Partido Popular denuncia el abandono del Estado
Desde el Partido Popular de Málaga se ha criticado duramente esta nueva subida de tarifas. En declaraciones recientes, dirigentes provinciales del PP han recordado que el peaje de la AP-7 representa “una injusticia territorial flagrante”, ya que mientras se han eliminado peajes en comunidades como Cataluña, Galicia o Navarra, Málaga sigue pagando uno de los peajes más caros del país sin recibir contraprestación alguna.
Se subraya, además, que la autopista sigue sin ser bonificada ni parcialmente durante los meses críticos, como sí ocurre en otros territorios. “La Costa del Sol genera riqueza, empleo y turismo. No puede seguir financiando un sistema injusto con recursos propios mientras el Gobierno de Sánchez no invierte ni un solo euro en compensación”, señalaron.
Turismo y economía, los grandes damnificados
El sector turístico, clave en la economía local, ha mostrado también su malestar por el mantenimiento del peaje. Asociaciones empresariales advierten de que el coste desorbitado de los desplazamientos entre municipios turísticos afecta directamente al consumo, al movimiento entre localidades y a la experiencia del visitante.
Muchos turistas nacionales optan por no moverse de la ciudad donde se alojan, reduciendo así su gasto potencial en otras zonas de la Costa del Sol. Además, el impacto sobre los trabajadores del sector servicios que viven en municipios limítrofes y deben desplazarse a diario se traduce en cientos de euros mensuales en peajes.
Desde el ámbito empresarial se insiste en que mantener este sistema solo contribuye a encarecer el coste de vida y frena la competitividad de la economía local.
Una demanda reiterada en el Congreso: el tren litoral y la liberalización del peaje
El Partido Popular, tanto desde el Ayuntamiento de Marbella como desde el Congreso, ha presentado en varias ocasiones propuestas para liberalizar o bonificar la AP-7, así como para impulsar la construcción del tren litoral, una infraestructura largamente prometida por los sucesivos gobiernos socialistas y que sigue sin fecha, sin presupuesto y sin voluntad política.
En una Proposición No de Ley presentada en el Congreso el pasado año, el Grupo Popular instó al Ejecutivo a tomar medidas urgentes para aliviar la presión sobre las infraestructuras de la Costa del Sol. La propuesta fue bloqueada por los votos del PSOE y sus socios, dejando nuevamente a la provincia sin una solución real.
Juanma Moreno y el agravio a Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado en distintas ocasiones el trato desigual que sufre Andalucía respecto a otras comunidades autónomas en materia de inversiones en infraestructuras. En declaraciones recientes desde Málaga, Moreno afirmó que “la Costa del Sol no puede seguir creciendo si no se resuelven los problemas de movilidad. Y mientras la Junta cumple, el Gobierno central da la espalda”.
Moreno ha recordado que desde el Gobierno andaluz se han invertido más de 200 millones de euros en infraestructuras viarias en la provincia, frente a la inacción total del Gobierno de Pedro Sánchez en proyectos clave como el tren litoral o la circunvalación de Marbella.
El peaje de la AP-7 se ha convertido en un símbolo del abandono del Estado hacia la Costa del Sol. Más allá del coste económico, representa una desigualdad estructural y un castigo político a una de las zonas con mayor dinamismo económico de toda España.
Mientras se impulsan infraestructuras ferroviarias y viarias en otras comunidades, Málaga y su litoral siguen esperando inversiones estructurales que permitan afrontar los picos de movilidad sin depender de peajes abusivos ni carreteras colapsada.
La realidad es clara: la Costa del Sol no puede esperar más. Necesita una solución urgente al problema de movilidad que combina peajes inasumibles, colapsos crónicos en la A-7 y la ausencia total de transporte público ferroviario.
El Partido Popular, desde sus instituciones locales y provinciales, sigue liderando la reclamación de justicia para los ciudadanos, empresarios y visitantes de la Costa del Sol. Pero el Gobierno de España sigue sin escuchar, sigue sin actuar y sigue sin responder.
La Costa del Sol paga. Paga mucho. Pero no recibe. Y eso, en democracia, se llama abandono institucional.
