El Gobierno de España vuelve a cargar sobre los ciudadanos el coste de su propia incapacidad de gestión, anunciando para 2026 una subida superior al 10% en la parte fija del recibo de la luz, los conocidos cargos del sistema eléctrico. Esta medida, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, supone un encarecimiento directo e inevitable para hogares, pymes e industrias, con independencia de su nivel de consumo.
Mientras tanto, el Ejecutivo intenta distraer a la opinión pública asegurando que las facturas “bajarán” entre un 4% y un 10% el próximo año. Sin embargo, esa supuesta rebaja no responde a decisiones del Gobierno, sino exclusivamente a la previsión de un precio menor de la energía en los mercados futuros. Es decir: lo que baja no depende del Gobierno; lo que sube, sí.
En esta parte fija del recibo —que pagan todos los consumidores sin excepción— los cargos aumentarán más de un 10%, y en términos absolutos la subida rondaría el 15% si no fuera porque se prevé un incremento de la demanda eléctrica en 2026. A esa carga adicional se suman los peajes, establecidos por la CNMC, que también subirán aproximadamente un 4%.
Según la memoria del propio Ministerio, el sistema eléctrico arrastra unos costes de 8.510 millones de euros, de los cuales más de 4.057 millones tendrán que ser financiados directamente por los consumidores en 2026. Entre esos costes figuran la retribución a las renovables históricas y los sobrecostes de la generación eléctrica en los territorios no peninsulares, partidas que crecen año tras año sin que el Gobierno ofrezca una solución eficiente.
Pese al aumento de los ingresos por subastas de CO₂ o por la fiscalidad específica, el Ejecutivo no ha sido capaz de contener el gasto, trasladando nuevamente la factura al ciudadano. Solo en subastas de CO₂, el Gobierno aportará 1.100 millones; otros 1.995 millones procederán del impuesto del 7% a la generación eléctrica; y 709 millones del superávit acumulado. Pero ni siquiera todas estas partidas son suficientes para cubrir el descontrol del sistema.
Mientras el Gobierno de España presume de transición ecológica, los hechos reflejan otra realidad: más costes, mayor parte fija y un recibo que se encarece estructuralmente, ahogando a las familias y comprometiendo la competitividad de las empresas. Una vez más, el Ejecutivo elige la vía fácil: hacer que los consumidores paguen el precio de su ineficacia.
