Una actuación costosa que empeora el paisaje y llega sin abordar la verdadera deuda pendiente: la liberación de la AP-7
El Gobierno de España ha llevado a cabo una inversión millonaria para instalar nuevas pantallas acústicas en la AP-7 a su paso por la Costa del Sol, una actuación que ha suscitado una profunda preocupación entre vecinos, técnicos y representantes municipales. Lejos de convertirse en una solución eficaz al ruido generado por el intenso tráfico de la autopista, estas estructuras han supuesto un impacto visual notable sobre el paisaje, especialmente en un municipio como Marbella, cuyo prestigio turístico se fundamenta en gran medida en su imagen urbana y en la calidad de sus espacios abiertos.
Las pantallas, construidas con materiales opacos y colores poco integrados en el entorno, alteran gravemente la estética del litoral. En vez de aportar una mejora, generan una sensación de bloqueo paisajístico que contradice la línea arquitectónica de la Costa del Sol, donde la luminosidad, la apertura visual y la continuidad del paisaje son elementos esenciales para residentes y turistas. La instalación de estas barreras, de aspecto industrial, se percibe como un retroceso estético que ni responde a criterios de integración ambiental ni respeta la identidad consolidada de la zona.
A este impacto se suma la sensación generalizada de que se trata de una obra improvisada y ajena a las necesidades reales del territorio. Durante años, los ayuntamientos del litoral han reclamado al Estado la liberación de la autopista, una medida que sí tendría un efecto real en la reducción del tráfico, el ruido y la contaminación, además de favorecer la movilidad entre los municipios. Sin embargo, esta demanda ha sido ignorada mientras se ejecutan actuaciones menores cuyo impacto es, como se está demostrando, insuficiente y poco útil.
El malestar se agrava al comprobar que la obra no ha ido acompañada de estudios actualizados que justifiquen su eficacia acústica, ni tampoco de un diálogo previo con los ayuntamientos afectados. La falta de coordinación y de transparencia vuelve a poner de manifiesto un patrón repetido: el Estado toma decisiones unilaterales, invierte grandes cantidades en actuaciones discutibles y sigue sin atender las prioridades más urgentes.
La Costa del Sol no necesita parches estéticos, sino soluciones estructurales. La liberación de la AP-7 es una de ellas, y su retraso resulta incomprensible en un entorno que soporta una de las mayores presiones de tráfico de toda Andalucía. Con esta actuación, el Gobierno ha demostrado una vez más una preocupante desconexión con las necesidades reales del territorio, sacrificando la imagen y la eficacia en favor de una obra costosa que no responde a las demandas históricas de la ciudadanía.
