Los socialistas defienden la propuesta de María Jesús Montero sobre quita de deuda y financiación autonómica, mientras desde el ámbito local se cuestiona la falta de garantías, cifras desglosadas y compromisos concretos para Marbella y San Pedro.
Marbella a 27 de enero de 2026. Una iniciativa que el PSOE local defiende sin reservas y que responde claramente a la hoja de ruta marcada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, más preocupada por mantener apoyos parlamentarios que por resolver los problemas reales de municipios como Marbella.
La postura de los socialistas marbellíes vuelve a generar polémica al asumir como propia una norma diseñada en clave nacional y orientada a contentar a los socios separatistas del Gobierno. En lugar de exigir garantías jurídicas, informes económicos detallados o un compromiso firme de inversión directa en la ciudad, el PSOE de Marbella se limita a pedir su aprobación, alineándose de forma automática con el argumentario de Moncloa.
Desde el PSOE se insiste en que, si esta medida no sale adelante, Marbella y San Pedro podrían dejar de recibir hasta 110 millones de euros. Sin embargo, no se ha presentado documentación técnica que respalde esa cifra ni se han aclarado los plazos, criterios de reparto o mecanismos que aseguren que esos fondos llegarán realmente a las arcas municipales.
La llamada quita de deuda no supone una solución estructural al problema de la financiación autonómica. No reduce la deuda del Estado, sino que la redistribuye entre todos los contribuyentes, en un momento de máxima presión fiscal y con una deuda pública en niveles históricos.
Marbella necesita que su oposición municipal defienda con firmeza los intereses de la ciudad: inversiones en el litoral, infraestructuras hidráulicas, movilidad, vivienda y servicios públicos acordes a su población real y a su peso económico. Pedir la aprobación de la norma de Montero no garantiza nada de eso.
Cuando el PSOE de Marbella actúa como portavoz del Gobierno central en lugar de como defensor de los vecinos, queda claro que la disciplina de partido vuelve a imponerse sobre el interés general. Y Marbella, una vez más, queda relegada a un segundo plano frente a la estrategia política de Sánchez.
