El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de la Nación a cambiar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, conocida como Ley Celaá. Una polémica ley que ha sido cuestionada por los centros de educación concertada y especial pero ante la que ha salido en su defensa el Partido Socialista, que ha votado en contra.
Ha sido el edil socialista, Manuel Morales, el que se ha encargado de mostrar el respaldo de la formación local a la controvertida legislación educativa y para ello se ha valido del argumentario del propio PSOE, que asegura que “desmiente uno por uno” todos los aspectos que han sido criticados.
Así, Morales ha defendido que “no atenta contra la concertada ni contra la libre elección de centro de los padres”. “Esta ley no va ni atenta contra esos centros concertados, es algo ideológico”, ha acusado Morales a aquellos que han puesto en cuestión la Ley Celaá, añadiendo que, pese a las críticas que existen desde los centros de educación especial, el texto legal lo que hace es “potenciarla”.
Desde el grupo municipal Popular, Javier García, ha aseverado que esta normativa se ha convertido en la mayor “fractura educativa de la democracia española y atenta contra la enseñanza concertada, el derecho a la educación, además de que el castellano deja de ser lengua vehicular”.
POSTURA DE LA CONCERTADA
En el Pleno ha participado Ainhoa Gangoiti, representante sindical del colegio Bocanegra, uno de los cuatro centros concertados que existen en el municipio, quien ha exigido la retirada de la ley apuntando que esta “representa un ataque a la escuela concertada”. “Ni dignifica ni reconoce nuestra gran aportación a la enseñanza”, ha manifestado.
Gangoiti ha apuntado que “en relación a los padres, se les niega el derecho a elegir la educación y el centro educativo para sus hijos. Es la administración quien impondrá solo un tipo de educación, el suyo, incumpliendo el artículo 27 de la Constitución Española en la que se regula la libertad de enseñanza”.
Las criticas también ha sido para la limitación de la asignatura religiosa y para la eliminación del castellano como lengua vehicular y por “reducir los centros de educación especial”. Ante esto, la representante educativa ha apuntado que supone “no visualizar la compleja realidad que preside el aprendizaje de estos alumnos en la enseñanza inclusiva”.
“¿Por qué no dejar elegir a los padres lo que consideren lo mejor para sus hijos?” ha preguntado la profesora que ha lamentado que esta nueva norma educativa “pretende una eliminación progresiva de derechos y libertades de la enseñanza concertada y educación especial y, por lo tanto, de nuestros puestos de trabajo”.
