El Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) será el que medie entre el equipo de Gobierno y los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento, en el conflicto que ambas partes acarrean, desde hace bastantes meses motivado por el seguro médico privado. Hoy concluía el tiempo estipulado para llegar a un acuerdo en la negociación en la comisión de vigilancia, que engloba tanto a los grupos políticos como a los representantes sindicales, con respecto a este seguro concedido a los trabajadores municipales durante la época del GIL, un derecho además avalado por sentencia judicial y que lleva suspendido desde hace siete años. El alcalde, José Bernal, anunciaba hoy que los trabajadores habían votado en contra de la supresión, nada nuevo, teniendo en cuenta que el comité de empresa sólo admitía su suspensión, y no su supresión como exigía el Gobierno municipal, un pequeño matiz semántico que aclara que, aunque el tripartito se mantiene firme en la eliminación de dicho seguro, se ha alcanzado un principio de acuerdo con los representantes sindicatos para que este sea inaplicable hasta que se llegue a una resolución definitiva dentro del convenio colectivo.
Irene Catalán
Finalmente será el SERCLA el que dirima, dentro de un principio de acuerdo que plantea, además de “la inaplicación del seguro médico privado para los trabajadores del Ayuntamiento”, el resolver a favor del Consistorio dos sentencias condenatorias, sustentadas en la anulación de los acuerdos de la mesa general “por no ajustarse a Ley” así como la que atañe a las más de 300 demandas laborales presentadas por el seguro médico privado. Si estas hubiesen tenido una resolución favorable hubiese supuesto un “desequilibrio económico para las arcas municipales de entre cuatro y diez millones de euros”, puntualizó el regidor.
De llegar a un acuerdo definitivo, tras la mediación del SERCLA, y la aceptación de los trabajadores de la supresión de la póliza médica privada, estos recuperarían una serie de derechos laborales y sociales perdidos, como la jornada laboral de 35 horas semanales y una cobertura municipal del cien por cien desde el primer día de baja laboral, entre otras medidas.
Además de este conflicto con los trabajadores, el equipo de Gobierno también tiene abierto otro frente que también afecta al ámbito laboral, la integración de los trabajadores de los Oales a la plantilla municipal. Este colectivo se concentraba a las puertas del Ayuntamiento durante el Pleno ordinario de abril, para exigir que cumpliera su promesa y se comenzara con la integración de los 1.350 trabajadores de los Oales.
El alcalde anunció que será, previsiblemente, en la próxima convocatoria ordinaria del Pleno, en función de cuando esté listo el informe definitivo del Interventor, por lo que si no lo está antes del último viernes de este mes, se hará en un Pleno extraordinario. Ya el PP, a través de su presidenta local, Ángeles Muñoz, anunciaba que sería su formación la que llevaría esta moción al próximo Pleno, si el equipo de Gobierno no lo hacía. Los propios afectados por esta situación consideraban la actuación del tripartito como “un engaño”, teniendo en cuenta que hacía más de tres meses que los trabajadores y el equipo de Gobierno firmaron un acuerdo por el que, se suponía, se iba a comenzar con la disolución, una integración que cuenta además con partida presupuestaria para este año. Precisamente las cantidades que se contemplan para la equiparación total de estos trabajadores es de diez millones en cinco años, cantidad que posteriormente se mantendría cada ejercicio.
