La incoherencia vuelve a instalarse en el discurso del PSOE. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en presentarse como el gran defensor de la vivienda accesible, uno de sus hombres de confianza, Vicente Fernández Guerrero, ha sido detenido por la Guardia Civil en el marco de una investigación por presunto cobro de comisiones ilegales en contratos públicos, al tiempo que acumula en Marbella un patrimonio inmobiliario que nada tiene que ver con las dificultades de miles de familias para acceder a un hogar digno.
Fernández, ex presidente de la SEPI y ex mano derecha de María Jesús Montero, posee al menos tres viviendas en Marbella, adquiridas en un periodo sorprendentemente corto y por importes que, según los investigadores, no se corresponden con su historial salarial oficial.
La investigación de la UCO ha puesto el foco en el incremento patrimonial del ex alto cargo socialista, pero es en Marbella donde ese crecimiento resulta más llamativo. Las viviendas adquiridas entre 2019 y 2025 en zonas exclusivas como Jardines de Don Carlos, Carib Playa o Lance de las Cañas reflejan un poder adquisitivo que contrasta de forma grotesca con el discurso de un PSOE que exige a otros lo que sus propios dirigentes no cumplen.
Los datos recopilados son contundentes. Fernández declaró compras por valores que oscilan entre 495.000 y 540.000 euros, cifras ya de por sí elevadas, pero que no reflejan el precio real de venta al público en el mercado inmobiliario marbellí. Según comparativas de la zona, esas mismas viviendas duplican su valor, situándose entre 900.000 y 1.200.000 euros cada una.
Esto deja una pregunta evidente en el aire: ¿de dónde salió realmente el dinero?
Porque el sueldo que él mismo reconoció —6.000 euros mensuales durante su etapa en Servinabar— y su carrera previa en la administración pública no justifican ni remotamente una expansión patrimonial tan intensa, tan rápida y tan concentrada en enclaves de alto nivel adquisitivo.
Mientras tanto, el PSOE continúa utilizando el mantra de la “vivienda asequible” como arma política contra los ayuntamientos, especialmente contra los gobernados por el Partido Popular, como Marbella. Resulta llamativo —por no decir insultante— que quienes reclaman políticas de limitación de precios y exigen solidaridad al resto del país, terminen multiplicando propiedades privadas en los enclaves más cotizados de la Costa del Sol.
La contradicción es gigantesca:
– Por un lado, presumen de proteger a las familias vulnerables y de luchar contra la especulación.
– Por otro, sus dirigentes de confianza compran viviendas de lujo a precios muy por debajo del mercado, precisamente cuando las investigaciones por corrupción señalan presuntos desvíos de dinero público.
En Marbella, donde el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones sociales, este caso se vive como otro ejemplo más del doble rasero socialista. Un partido que exige, desde Madrid, control y sacrificio, mientras sus altos cargos engordan su patrimonio en urbanizaciones de prestigio y guardan silencio cuando se les cuestiona sobre el origen del dinero.
Con su detención, la figura de Vicente Fernández vuelve a situar al PSOE en el epicentro de la polémica. Y Marbella aparece, una vez más, como el escaparate donde se reflejan las contradicciones de un gobierno que habla de igualdad, pero cuyos dirigentes —según apuntan las investigaciones— practican exactamente lo contrario.
