La Asociación Pro-Independencia de San Pedro (ISP) ha alzado hoy la voz para pedir al tripartito su apoyo institucional ante el Recurso de Casación, presentado el pasado mes ante el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimara el pasado octubre el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro Alcántara contra la decisión de la Junta de de denegar la separación de esta localidad. En una carta remitida hoy por ISP instan a los partidos políticos de la Corporación a que “ejerciten cuantas facultades dispongan a título colectivo y personal de sus afiliados y directivos, para hacer valer la legislación española aplicable en este caso, así como el derecho y respeto a la voluntad mayoritaria de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo que, mediante el procedimiento iniciado el 28 de febrero de 1987, suscribieron fehacientemente su voluntad inequívoca para la creación del nuevo municipio de San Pedro Alcántara, apoyada finalmente por 8.689 vecinos y electores”, recordando que de la misma forman parte Guadalmina, Nueva Andalucía y los límites comprendidos entreRío Guadalmina, al Oeste; Río Verde, al Este.
I. Catalán
Desde este colectivo aclaran que aunque el Ayuntamiento no está inmerso en este procedimiento, subrayan la relevancia política, que, según dicen, ha supuesto para la Junta obtener la Alcaldía de Marbella mediante el apoyo de IU, Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y Opción Sampedreña (OSP), que permitió a José Bernal ser alcalde. De ahí que precisaran que previo a este pacto de investidura, y estando pendiente de la publicación de la sentencia 1956/2015 del TSJA “se pusiera sobre la mesa la necesidad de alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía para que pudiera recapacitar sobre los actos que hasta hoy han efectuado contra la segregación de San Pedro actuando de forma política para frenar la misma”.
Ante esta situación, desde ISP han hecho efectivo hoy este requerimiento a todos los partidos políticos que firmaron el Pacto de Gobernabilidad para que se respete “la decisión de todo un pueblo, el cual, mediante firmas fehacientemente recogidas, ya ejerció su derecho a determinar el destino de su pueblo, amparado en la legislación vigente al momento de incoarse el Expediente de Segregación, presentado ante la Administración Pública Local el 15 de febrero de 1991”.
