Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) en el Ayuntamiento de Marbella, “el reconocimiento realizado en Junta de Gobierno esta semana por parte del gobierno de Ángeles Muñoz, dando la categoría tan solo 15 días después de la moción de censura, como suelo urbano consolidado a 14 sectores repartidos por todo el término municipal, supone la vuelva a Marbella del urbanismo a la carta, que aunque se disfrace de solución, a la larga solo trae más problemas y agravios comparativos”, explica el concejal-portavoz de la formación, Miguel Díaz. La concejala del área, Francisca Caracuel, explicó que “el plan de 2010 las recogía como urbanizadas pero el de 1986 no por ser una realidad posterior”. La edil remarcó que “en la realidad están urbanizadas pero sin ser suelo urbano consolidado”, reconocimiento urbanístico que aprobó el pasado lunes la Junta de Gobierno en base a “un informe técnico en el que se pone de manifiesto la consolidación de ese suelo que tiene todos los suministros y está urbanizado y la adaptación del art. 45 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, que permite hacer este proceso en este suelo urbanizado”.
Dicho artículo reconoce que integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, aquellas viviendas que se adscriban a esta clase de suelo por formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión, requisitos que cumplen estas viviendas según señaló la responsable del área.
“Cumpliéndose esos criterios y parámetros se considera suelo urbano consolidado”, apuntó Caracuel quien señaló que es una opción que ya utilizó el anterior equipo de Gobierno en 2016 con respecto a una urbanización, “no sabemos por qué se paró el continuar con esta serie de adaptaciones”, añadió la responsable municipal que adelantó la idea del nuevo Ejecutivo local de continuar con esta tramitación en aquellas construcciones “donde la interpretación de la LOUA nos permita hacer esta adaptación”.
Pero para la formación de izquierda este nuevo proceso de “legalización al por mayor” es similar al que embarcó a Marbella el PP con la aprobación del PGOU de 2010, donde la legalización de la totalidad de las viviendas construidas ilegalmente en la época gilista, supuso en la práctica desvirtuar el proceso de compensaciones y que, finalmente acabó estrellando el PGOU en el Tribunal Supremo, dejando a los llamados compradores de buena fe y a toda la ciudad indefensos.
Díaz explica que “el urbanismo no puede ser una carrera de velocidad, a pesar de ello el PP vuelve a la conducción temeraria en la gestión urbanística, incluso tras la colisión múltiple que provocó en la ciudad con la anulación del PGOU, no aprende y sigue empeñado en jugar a las carreras. La gestión del urbanismo debe ser ágil pero con todas las garantías y con el interés general por encima de los intereses de particulares”.
Las declaraciones de la nueva concejala de urbanismo de que las 2.300 viviendas consolidadas sin proyecto de urbanización no son irregulares resultan “sorprendentes”. La obligación de realizar un proyecto de urbanización “no es algo caprichoso, es una obligación establecida en la legislación urbanística, antes de poder edificar una vivienda”.
Para IU “resulta temerario afirmar que los sectores El Arquillo, Linda Vista Alta, Arroyo de las Piedras, La Cañada, Los Verdiales, Camino de Camoján, Los Cipreses, Huerto del Café, La Vaguada, Fasampa, Playas Andaluzas, Cerrado de Elviria y las calles Padre José Vera y Finlandia, tienen todos los elementos característicos de suelo urbano consolidado, cuando es conocido y notorio los problemas de falta de viarios de accesos adecuados, la falta de itinerarios peatonales, la existencia de redes unitarias donde se mezclan las aguas pluviales y residuales, la precariedad de las instalaciones energéticas, la falta de funcionamiento de los servicios públicos, o las obras de ajardinamiento de parques y jardines en la mayoría de ellos. Suelos que en algunos casos no han sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones”.
El que en estas urbanizaciones haya 142 parcelas sin edificar y que debido a esta amnistía podrán edificarse, sin más informe o sin reconocimiento especifico de la situación individualizada del polígono donde se asientan y del grado de adaptación como suelo urbano consolidado, es según IU “otra chapuza más del PP”.
Esta nueva amnistía del Partido Popular supone, además, “un agravio comparativo con el resto de las urbanizaciones y promotores donde sus titulares sí han cumplido y cumplen con sus deberes urbanísticos, haciendo que la ciudad crezca de forma ordenada”.
