Las últimas Elecciones Europeas nos dejaron un municipio plagado de pegatinas de Izquierda Unida en diferentes elementos arquitectónicos y bienes públicos. El partido de Miguel Díaz se ha caracterizado por la defensa continua de los espacios de uso público y por las reivindicaciones para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ellos. Sin embargo, su actuación durante la campaña electoral habría contravenido lo dispuesto por la normativa municipal en este sentido.
Bárbara Sánchez
Actualmente las Ordenanzas de Protección de Espacios Públicos del municipio prohíben estas actuaciones en materia de publicidad, quedando totalmente prohibido poner pegatinas en “fachada de edificios públicos o privados, porches, marquesinas, mobiliario urbano, arbolado, muros, túneles, pasos subterráneos y, en general, fuera de los lugares especialmente habilitados”. Estas ordenanzas establecen como responsables solidarios por estos comportamientos publicitarios al “titular, el anunciante y el autor material” de los mismos.
Es habitual la pega de cartelería en los procesos electorales, constituyendo además un acto de gran simbolismo dentro de las mismas, para tal fin se facilitan durante los comicios espacios autorizados, quedando totalmente prohibido el establecimiento fuera de estos espacios de cualquier tipo de propaganda electoral. A pesar de ello, la publicidad mediante adhesivos fue colocada en distintos lugares del término municipal.
No sólo se habrían colocado estas pegatinas en bienes municipales como contenedores, señales de tráfico y papeleras, sino que algunas también se pegaron en edificios privados. Se trata de un comportamiento incívico que daña la imagen de la ciudad y que deteriora el mobiliario urbano.
