El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes solicita la intervención de los servicios municipales de Urbanismo para que “garantice la adecuada protección del solar céntrico del número 11 de Ricardo Soriano, donde se ubicaba la Casona Sindical derribaba en 2010 y en el que hace 8 años comenzó la construcción de un edificio de uso comercial y residencial que se halla parado y generando molestias y problemas de seguridad”.
IU registró un escrito ante la delegación de Urbanismo el pasado 30 de enero de 2018, en el que solicitaba la incoación del procedimiento administrativo pertinente, “a fin de que se ordenen las medidas preventivas que procedan para garantizar el cumplimiento de la Ley y las NNUU del PGOU vigente”. Sin embargo, no ha obtenido res-puesta alguna por parte del gobierno local.
El concejal-portavoz de la formación, Miguel Díaz, explica que “el solar de la avenida Ricardo Soriano 11 tiene en la actualidad un cerramiento de chapa ciega y deficientemente conservada, además de una imagen antiestética en pleno centro. Este vallado se sujeta con elementos y filos cortantes, con riesgo de generar daños a los viandantes en una de las avenidas con mayor tránsito de ciudadanos de nuestro municipio, además de presentar en el interior un gran pozo de agua estancada y putrefacta que podría devenir en problemas higiénico sanitarios».
El escrito presentado por IU también recuerda al gobierno local que “el artículo 155 de la LOUA establece el deber de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios, de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos”. Y también se señala que los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.
Asimismo, el art 38 de las Normas Urbanísticas de PGOU vigente, para la conservación de terrenos no edificados y solares, se determina la obligación de los propietarios de terrenos y urbanizaciones de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.
OTRA PÉRDIDA DEL PATRIMONIO PÚLICO
La historia de la Casona Sindical es otro capítulo más del expolio patrimonial y de equipamientos públicos que ha sufrido en los últimos años el municipio de Marbella. El edificio fue adquirido en 2005 mediante subasta pública por el empresario Tomás Olivo por un importe de 18 millones de euros. Con la llegada a la alcaldía de Ángeles Muñoz obtuvo la licencia de forma rocambolesca, en los últimos días de vigencia del PGOU de 1986, ya que el PGOU de 2010 (hoy anulado) no permitía el uso residencial. La licencia que el gobierno del PP otorgó a Olivo contemplaba la construcción de un edificio de seis plantas, para uso residencial y comercial, a través de un proyecto de construcción cifrado en cuatro millones de euros.
